Ecuador regala impuestos a cambio de casas para pobres: negocio redondo para los ricos
La Asamblea ecuatoriana acaba de aprobar un jugoso regalo fiscal: dona una casa social y el Estado te devuelve hasta el 30 % de tu impuesto de renta. La fórmula, promovida por Daniel Noboa, pasó en 30 días y sin debate real. El déficit habitacional supera las 700 000 viviendas, pero la rebaja solo beneficiará a quienes ya tienen ingresos altos y ganas de especular.
La cuenta sin dueño: menos para el erario, más para los contribuyentes ricos
La ley reforma el Régimen Tributario Interno y establece que el donante puede descontarse el 100 % del valor de la vivienda, siempre que no pase del 30 % de la renta causada. Traducción: si debías 100 000 dólares de impuesto y donas una casa valorada en 30 000, pagas 70 000. El Estado deja de ingresar 30 000 que ya contaba. No hay devolución en metálico; es simple exención. El mecanismo regirá desde el 2026 hasta el 2029 y se aplica a viviendas de interés social, es decir, de hasta 46 000 dólares.
La oficialista Valentina Centeno asegura que la medida generará empleo y reducirá el déficit. El correísta Ricardo Patiño la tacha de «regalo a los grupos económicos». Ambos tienen razón a medias: la construcción se activará, pero la recaudación caerá en un país que ya factura menos de lo que gasta. El INEC calcula que el 34 % de hogares ecuatorianos vive en precario; sin embargo, la ley no obliga a construir en zonas donde más falta hace, sino que publicará anualmente un catálogo de «territorios prioritarios». La ambigüedad abre la puerta a la especulación: comprar terreno barato, edificar lo mínimo, descontar el máximo y revender.
En la práctica, el Estado financia con dinero público la caridad privada de los más ricos. El límite del 30 % suena a contención, pero basta mirar la tabla de renta: un contribuyente que facture 200 000 dólares anuales puede deducir hasta 18 000. Uno que gane 20 000, apenas 1 200. La brecha se profundiza. Además, la norma permite donar a beneficiarios que solo necesitan un subsidio parcial y completan con crédito. Resultado: el banco gana, el donante gana, el fisco pierde y los pobres… reciben una casa, sí, pero no gratis.
El Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Infraestructura tienen 30 días para reglamentar la medida. Mientras tanto, las inmobiliarias ya anuncian «planes de pre-donación» y los estudios jurídicos facturan asesorías. La historia se repite: cuando el mercado huele dinero público, la fila se forma antes de que la ley se publique en el Registro Oficial. Queda por ver si el gobierno de Noboa logra construir las 100 000 viviendas que prometió o si, en cambio, termina financiando la segunda residencia de los que ya tienen la primera.