Berlin ajusta el torniquete: 66 recortes para salvar a 75 millones de asegurados
El malestar empieza en la cartera y termina en la UVI. En un hospital de Berlín, una enfermera cuenta los cartones de guantes que quedan antes de pedir otro lote; a 300 km, en Bonn, la ministra de Salud, Nina Warken, se juega el puesto al decidir cuánto durarán esos guantes. Los expertos le han entregado 66 formas de recortar sin que la sanidad explote. La cuenta es sencilla: o se aceptan o los recibos se disparan un 15 % en 2025. La ciudadanía alemana, acostumbrada a la eficiencia como dogma, huele el primer traspaso de factura.
La lista que nadie quería escribir
El paquete llegó el lunes por la noche, sellado y sin música de fondo. Sesenta y seis propuestas que reparten el dolor como quien reparte naipes: 45 % afecta a ingresos (el Estado pagará las cuotas de quien cobra Bürgergeld), 45 % a gastos (recortes a hospitales, médicos y fármacos) y el 10 % restante —ese décimo que siempre duele— recae en los pacientes: copagos más altos, revisiones trimestrales, recetas restringidas.
El intensivista Christian Karagiannidis, que ha visto colapsar las UCIs durante la pandemia, aplaude una de las medidas: obligar a segunda opinión antes de abrir pecho o rodilla. «Evitaremos 80 000 operaciones innecesarias al año», calcula. Traducción: un ahorro de 1 200 millones y miles de noches de hospital que ya no existirán.
El grito de los que están en la trinchera
Andreas Gassen, jefe de la asociación de médicos de cabecera, no se lo traga. «Si me recortan, cierro consulta a las 14:00 y dejo de atender a pacientes de la caja pública», advierte. Su frase suena a chantaje, pero es la lógica de un sistema que lleva dos décadas congelando honorarios. El 30 % de los clínicos ya no acepta nuevos pacientes con seguro estatutario; con estos recortes, la cifra podría rozar el 50 %.
La rebelión también nace en los pasillos. Eugen Brysch, de la Fundación Protección al Paciente, califica el paquete de «catálogo de ideas olvidadas desde 2003». Su diagnóstico: «Se salvará el sistema, pero habrá lista de espera para la humanidad».
El punto que más duele: los 12 000 millones de bürgergeld
El grueso del rescate —12 000 millones— depende de que el Estado asuma las cuotas de 5,6 millones de perceptores de la ayuda social. El truco contable es elegante: lo que antes pagaba la caja común ahora lo paga el presupuesto general. Pero Bärbel Bas, vicepresidenta del SPD, ya amenaza con tumbar la medida. «No vamos a convertir la sanidad en un parque temático de ajustes», espetó ayer en la Bundestag. La coalición semáforo huele a huelga.
El reloj corre más rápido que la política
Los números no esperan. El fondo de reserva de la sanidad tocará fondo en 2026 con un déficit de 17 000 millones. Cada semana de demora encarece la factura en 120 millones. La ministra Warken tiene hasta octubre para presentar la ley; después, los lobis se tensan, las elecciones regionales acercan y la palabra «recorte» se vuelve letal.
En la consulta de un barrio obrero de Hamburgo, una mujer de 78 años guarda sus pastillas en una cajita de galletas. «Si sube el copago, me las partiré por la mitad», dice. Su frase es la síntesis del drama alemán: la eficiencia tiene precio, pero quien lo paga siempre es el mismo. La reforma se firma en Berlín; el dolor se medirá en cada pastilla partida.