Los rectores suenan la alarma: el salario universitario tocó fondo
En Santa Rosa no hubo brindis. Mientras los rectores desplegaban la bandera blanca de la Universidad Nacional de La Pampa, el Centro Universitario Nacional les pasó un papel que heló la sangre: el poder adquisitivo del docente promedio acaba de perforar el piso histórico de los últimos 23 años. La cifra habla por sí sola: necesitan un 47,3 % de recomposición inmediata solo para volver al punto de partida de diciembre de 2023.
El ajuste que ya se siente en las aulas
El 95.° Plenario reunió a las máximas autoridades de 57 casas de estudio y a todos les llegó el mismo diagnóstico: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario universitario creció 158 %, pero la inflación se lo comió vivo con un 280 %. El resultado: 7,3 sueldos perdidos en 26 meses. El profesor titular que hoy cobra 1.450.000 pesos ya no alcanza la Canasta Básica Total (1.360.299 pesos) y el adjunto (1.130.000) quedó debajo de la línea de pobreza. Lo que nadie cuenta es que el recorte no es lineal: mientras el dinero para ciencia y técnica se desplomó a 38 % del nivel prepandemia, la extensión universitaria quedó reducida a migajas: 1,02 % del presupuesto de 2023.
Pero hay un detalle que duele más que los números: las Becas Progresar desaparecieron del mapa. Entre 2025 y 2026 el presupuesto nominal cayó 82 % y, en términos reales, el programa quedó en -95 %. Algunas líneas de acompañamiento estudiantil directamente no tuvieron partida este año. El mensaje es brutal: sin auxilio económico, la universidad pública deja de ser una válvula de ascenso social para convertirse en un privilegio que solo pueden pagar quienes ya no la necesitan.
La ley que nadie obedece
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario establece que los salarios deben recomponerse contra la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Si se hubiera cumplido, hoy el docente estaría apenas 1,3 % por debajo del poder de compra de dos años atrás. En cambio, el Gobierno aplicó un esquema escalonado que suma 12,3 % y dejó al sector a la deriva. La UBA ya declaró la emergencia; el Frente Sindical Universitario paró la semana pasada y en Tucumán, La Plata y Rosario el ciclo lectivo arrancó con clases públicas vacías. La fractura ya no es solo presupuestaria: es de legitimidad.
El sistema universitario argentino siempre fue un radar de lo que viene. Cuando en los 90 se vaciaron laboratorios y se fugaron cerebros, la señal anticipó la explosión social de 2001. Hoy la alarma vuelve a sonar, pero el botón de pánico está desconectado. Entre 2023 y 2026 el Estado le sacó a las universidades el equivalente a nueve meses de funcionamiento. El ajuste salarial (43,2 % en términos reales) es solo la punta: el 86,9 % del gasto universitario son los sueldos, y ahí apuntan los tijeretazos. El mensaje para el estudiante de secundario que sueña con el aula de física nuclear o la cátedra de letras es brutal: prepará el pasaporte, porque acá tu futuro se está achicando a la velocidad de la inflación.
Los rectores se van a Buenos Aires con un documento que suena a última voluntad: sin recomposición urgente, el sistema colapsa antes de fin de año. La frase que más se repitó en los pasillos de La Pampa fue una sola: “Si la universidad pública muere, el país se queda sin antena”. Esta vez no hay llanto académico ni reclamo ritualizado. Hay una certificación contable: la Argentina acaba de firmar la licencia de defunción de su propio invento más poderoso. El que alguna vez la hizo líder en patentes, en Nobel, en vacunas y en rock también. El que ahora agoniza entre cuentas que no cierran y puertas que se cierran.