El cae que ellos impulsan ahora los ahoga: 14 altos cargos de kast deben $300 millones
La ironía duele. Mientras el Gobierno prepara embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado, catorce de sus propias autoridades —diputados y delegados regionales— arrastran $300 millones en cuotas impagas. La deuda promedio ronda los $21 millones por cabeza, casi cuatro veces el sueldo anual de un trabajador chileno medio.
Primero vienen por quienes ganan más de 5 millones
El plan es brutal y selectivo. Desde abril, la Tesorería General identificó a 1.800 deudores con ingresos mensuales superiores a los USD 5.300. A ese grupo le podrán descontar directamente de la cuenta corriente o, de necesario, embargar bienes. Recién después —cuando el dinero de los “ricos” entre— se abrirá una mesa de negociación para quienes ganan entre 1,6 y 5 millones. El mensaje es claro: paguen o los haremos pagar.
Pero hay un detalle que nadie firmó en La Moneda: entre los morosos figuran Claudia Reyes (PR), con casi $38 millones pendientes en la Austral; Ricardo Figueroa, delegado de Los Andes, que debe $40 millones; y la delegada presidencial Katherine López, en Antofagasta, con montos que superan los $25 millones. Todos fueron nombrados por Kast. Ninguno ha sido excluido del plan de cobro.
La lista que nadie quería filtrar
El Mercurio destapó el domingo lo que el propio Ejecutivo oculta: los nombres. Allí aparecen también Nathalie Castillo (PC) con $27,8 millones y Héctor Ulloa (independiente) con $18,6 millones. En la región del Bío-Bío, el seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays, adeuda montos que prefiere no detallar. El daño fiscal supera los USD 20 millones solo en esta primera tanda de 1.800 contribuyentes.
La contradicción es tan descarnada que hasta el propio Presidente, José Antonio Kast, se vio forzado a pedirles a sus funcionarios que se “pongan al día”. Pero no mencionó nombres ni anunció sanciones. Tampoco explicó por qué la información sobre deudas de altos cargos no es pública hasta que un diario la exhuma.
El cobro que llega tarde y mal
El CAE nació en 2006 como una válvula de escape para la clase media estrenada en la universidad. Hoy es una losa: más de 700 mil chilenos arrastran cuotas impagas. El Estado garantizó esos créditos, así que cuando el prestatario no paga, el erario termina absorbiendo la pérdida. El ajuste fiscal que ahora azota a los morosos es, en realidad, un intento de recuperar solo el 3 % del total adeudado. Una gota en el balde.
Mientras tanto, los estudiantes que no acceden a ingresos de 5 millones —la inmensa mayoría— seguirán siendo perseguidos por las mismas instituciones que ven cómo sus máximas autoridades deben fortunas sin que les caiga aún una multa. La ley, como siempre, se aplica de abajo hacia arriba. Y en este capítulo, los de arriba todavía no han firmado el convenio de pago.