El cgpj se autopaga: 835 euros al mes más sin que nadie lo notara
Madrid calló el acuerdo. El 24 de septiembre, mientras la ciudad miraba al Congreso y la renta alta se blindaba contra la inflación, los vocales del Consejo General del Poder Judicial votaban en secreto una subida que les entra en la nómina desde el mes siguiente: 10.000 euros anuales de golpe para los no funcionarios y 62,8 euros por trienio para los que ya lo eran. Ocho meses después la factura sale a la luz.
La presidenta, Isabel Perelló, se excusó en la misma sala. «No es prioritario», dijo antes de depositar su voto en blanco, como quien deja la propina encima de la mesa y se marcha. Detrás, el portal de Transparencia publicó el acta sin prensa, sin rueda de preguntas, sin ruido. La subida no es retroactiva, aclaran, y se financia con una redistribución interna que nadie explica: menos en formación, menos en tecnología, menos en lo que no se mide.
El dinero se mueve, el silencio se mantiene
El artículo 22.2 de la Ley de Presupuestos obligaba a actualizar el complemento de antigüedad de altos cargos; el CGPJ interpretó que la obligación era consigo mismo y se apresuró a cumplirla. Los veteranos ganan más que los nuevos, pero todos ganan más que en 1998, el año en que se fijó la última escala. Entre entonces y ahora han pasado cuatro crisis, dos rescates y una pandemia, pero el poder judicial nunca dejó de mirarse al espejo del sueldo.
Los 18 votos a favor superaron holgadamente los tres blancos. Las vocales Inés Herreros y Esther Erice se sumaron a la presidenta en una abstención que no es tal: el voto en blanco en el CGPJ suma para el quórum pero no frena el deseo. La oposición interna quedó registrada, no ejecutada. El acuerdo, firme, entró en las nóminas de octubre sin comunicado, sin rueda de prensa, sin Twitter.
La ironía: el mismo órgano que supervisa la carrera judicial y aprueba los concursos por méritos acaba de premiarse por antigüedad, no por resultado. No hay evaluación de objetivos, ni informe de gestión, ni baremo de ciudadanos atendidos. Solo un reloj interno que marca los trienios y una calculadora que suma 835 euros netos al mes a quien ya cobra 7.400 brutos.
El Consejo asegura que no gasta un euro extra; simplemente mueve las partidas. Pero cada euro que se reasigna es un euro que ya no llegará a los juzgados de violencia de género saturados, a los informes periciales que se encargan por terceros, a los sustitutos que cubren las bajas. El dinero no se crea, se desvía. Y se desvió en silencio.
La próxima vez que alguien pregunte por qué la justicia tarda, la respuesta puede estar en esa minúscula línea del presupuesto que ahora alimenta la nómina de quienes deberían velar porque la ley se cumpla, no que la ley les sirva. La subida ya está en la cuenta. El silencio, también.