El cgpj se sube el sueldo en secreto: hasta 9.600 € más al año
Mientras la mayoría de españoles miran la factura de la luz con lupa, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido que sus bolsillos no deben quedarse atrás. En septiembre, sin anunciarlo, el pleno aprobó una paga extra de hasta 800 euros al mes para los veteranos del órgano. La medida, camuflada entre actas internas, eleva los emolumentos de la presidenta, Isabel Perelló, y de los 20 vocales que ya cobran entre 134.000 y 155.000 euros anuales.
Cómo se cocinó la subida a fuego lento
El truco legal fue resucitar un complemento de antigüedad creado en 1998 y congelado desde entonces a 522 euros mensuales. El pleno lo actualizó hasta los 833 euros, lo que supone 10.000 euros más al año para quienes no pertenecen a la carrera judicial. El acuerdo salió adelante con los votos de los vocales propuestos por PSOE y PP; la propia Perelló y dos progresistas se abstuvieron, pero no lo denunciaron. El portal de transparencia del CGPJ sigue sin reflejar el cambio: ni rastro del incremento en las nóminas que ya ingresan.
La jugada se produjo en un momento delicado: el Tribunal Constitucional lleva meses alertando de la «saturación» presupuestaria del sector público y el Congreso debate la reforma del órgano para acabar con su bloqueo político. Aún así, nadie advirtió a la ciudadanía. La web del CGPJ publicó el acta del pleno, pero omitió el epígrafe de retribuciones. Solo la Cadena Ser destapó el pastel semanas después.
El dinero que nadie quiere contar
Con el nuevo plus, los 21 miembros del CGPJ sumarán fácilmente más de 140.000 euros brutos anuales sin contar trienios ni indemnizaciones. La presidenta ya percibía 155.000 euros; con la antigüedad se acerca a los 165.000. Para ponerlo en perspectiva: el salario medio en España ronda los 26.000 euros brutos al año. Es decir, un vocal del CGPJ gana seis veces más que el trabajador medio y, encima, se acaba de anotar una subida equivalente al sueldo anual de un empleado de hogar.
La ley ampara el aumento: el artículo 22 de los Presupuestos Generales del Estado permite al órgano fijar sus retribuciones y la Ley 15/2003 vincula la independencia judicial a una «retribución adecuada». El problema no es legal; es político. El CGPJ lleva más de cinco años en funciones por el bloqueo entre PP y PSOE. Su legitimidad ya estaba tocada; ahora se suma la sospecha de que, sin control parlamentario, el órgano se ha convertido en una caja de resonancia de privilegios.
El Consejo no ha convocado rueda de prensa ni ha subido un solo PDF al portal de transparencia. La pregunta ya no es cuánto ganan, sino cuánto más estarían dispuestos a subirse si nadie mirara. La respuesta la tenemos: lo que haga falta.