El cne adelanta elecciones y la oposición correísta huele maniobra: ¿clima o chantaje?
En Quito el termómetro marca 15 °C, pero en el Consejo Nacional Electoral la temperatura política acaba de estallar. La decisión de adelantar las elecciones locales al 29 de noviembre —dos años y medio antes de lo previsto— ha convertido un calendario meteorológico en un tablero de ajedrez donde la torre se llama Rafael Correa.
La Comisión Nacional Anticorrupción no se anda con eufemismos: califica al cne de «operador político» y habla de «escenarios excluyentes». La frase duele porque lleva sello de verdad: la autoprórroga del organismo —que lleva más de una década sin renovarse— se vuelve aquí en una suerte de patente de corso para redibujar reglas mientras nadie miraba.
La excusa del clima que nadie pidió
El viernes, cuatro de cinco vocales esgrimieron el fantasma de lluvias torrenciales en febrero de 2027. Elena Nájera, la única disidente, lo desmontó con dos datos: en 1998, El Niño azotó al país y las elecciones se celebraron. En 2021, la pandemia y las urnas también se encontraron. «Nadie puede garantizar que en noviembre hará sol», dijo, y su voto en contra quedó como acta de defunción de la coartada.
Lo que sí hay es una Revolución Ciudadana suspendida nueve meses por presunto lavado de dinero venezolano. El juez electoral que firmó la sancción dejó a Correa sin partido justo cuando el reloj electoral arrancaba. El adelanto, entonces, huele a candidatura imposible: si la RC no levanta la suspensión antes del 29 de noviembre, sus fichas no podrán ni registrarse.
El manual del asfixia-candidatos
Correa ya dio la contrarrespuesta: ordenó a sus alcaldables desfiliarse para colarse por la ventana de papeles ajenos. Es la versión criolla del «candidato satélite»: mismo ADN, otro logo. La maniobra funciona si el cne no los declara «fantasmas ideológicos» y les niega la inscripción. La pulseada está servida.
En la práctica, el país se juega más que alcaldías. El próximo 29 de noviembre elegirá 23 prefectos, 221 alcaldes y más de mil concejales que administrarán el 30 % del presupuesto nacional hasta 2031. Quien controle los municipios tendrá llaves de obras, contratos y clientelismo en un Estado que ya gasta lo que no tiene.
La última vez que un gobierno ecuatoriano movió la fecha de elecciones fue 2006, y terminó con Correa en Carondelet. La historia se repite, pero el protagonista ahora está afuera y el guion parece escrito para que no regrese. La democracia ecuatoriana, ya de por sí frágil, se juega una carta que nadie firmó: si el clima se impone como argumento, cualquier temporal —meteorológico o judicial— servirá para invalidar un resultado incómodo.
La apuesta es alta y el cronómetro implacable: faltan 245 días para el 29 de noviembre. En política, eso es una eternidad. En Ecuador, apenas alcanza para que el agua que caiga sea la que todos temen: la que ahoga votos, no la que moja calles.