El congreso peruano aprueba un gasto fiscal bomba de s/ 11.400 millones sin financiamiento
El Congreso de la República acaba de abrir una herida de S/ 11.400 millones en las cuentas del Estado peruano. Once leyes aprobadas en marzo de 2026 elevarán el gasto público de forma permanente y sin una sola línea que diga de dónde saldrá la plata. El aviso lo dio el Consejo Fiscal: si no se frena, la factura trepará hasta S/ 15.000 millones anuales cuando se sumen otras nueve iniciativas que ya se cocinan en comisiones.
La cuenta se desglosa así: S/ 8.000 millones para nivelar las pensiones de los maestros con el salario del docente activo –la llamada “cédula viva” que la propia Constitución prohibe–; S/ 3.000 millones en gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS; y un agujero presente valuado en otros S/ 15.000 millones para militarizar y policializar las jubilaciones. Todo legal, todo aprobado en tres sesiones de pleno, todo sin fuente de financiamiento.
La aritmética del desastre
Para que la cifra duela: S/ 11.400 millones equivalen a 8,6 veces el presupuesto anual de Pensión 65, a 7,7 veces el de las becas educativas y al triple de lo que este año se destina a combatir la desnutrición crónica infantil. Es decir, el Congreso acaba de regalarle al país un gasto nuevo que eclipsa cualquier programa social que usted recuerde.
El timing no podía ser peor. El presupuesto 2026 ya arrastra un incremento récord de S/ 11.200 millones en remuneraciones y pensiones, cuatro veces el promedio de la década anterior. Añada los S/ 11.400 millones de las nuevas leyes y el próximo gobierno heredará un déficit fiscal que lo obligará a elegir: ¿revierte los privilegios o cancela obras, salud y educación?
La regla fiscal hecha trizas
La Constitución y la propia Ley de Responsabilidad Fiscal prohíben aumentar el gasto en personal y pensiones durante años electorales. Pero entre 2021 y 2026 el Legislativo ha violado esa norma 38 veces. Ahora suma once leyes más y prepara otras nueve. El Consejo Fiscal advierte que si el Ejecutivo no reacciona con demandas de inconstitucionalidad, el país incumplirá las metas fiscales que exige la ley y, de paso, le entregará al próximo presidente un Estado virtualmente quebrado.
La ironía es cruel: mientras el Congreso se llena la boca con “proteger al pueblo”, condena a los más pobres a pagar la fiesta. O lo que es lo mismo: menos becas, menos medicamentos, menos escuelas. Todo para financiar jubilaciones doradas que no están en la Constitución y sí en la fantasía legislativa.