El estado lanza un pulso de 34.000 millones para blindar la industria militar española
Espaulta enciende la mecha de su mayor apuesta estratégica desde la OTAN: 34.000 millones de euros para que la fábrica de guerra nacional deje de depender de los ciclos políticos y se convierta en un motor de empleo y tecnología con fecha de caducidad en 2037. El anuncio, hecho este lunes en Madrid, no es un simple protocolo de cooperación entre ministerios: es el reconocimiento de que la vieja alianza Defensa-Industria ya no basta y que la supervivencia pasa por tejer una red de pymes capaz de competir con los gigantes europeos.
El protocolo que cumple 30 años y renace con ímpetu de guerra fría
Firmado por Margarita Robles, Diana Morant y Jordi Hereu, el documento actualiza un pacto vigente desde 1995 y añuye un ingrediente que antes brillaba por su ausencia: control parlamentario y visión industrial. Hasta ahora, Defensa diseñaba los Programas Especiales de Modernización (PEM) y luego pedía al mercado que se apuntara a la fiesta. A partir de hoy, Industria se sienta en la mesa desde el minuto cero, con poder de veto sobre diseños que no garanticen retorno al territorio y cuota de participación para las empresas de menos de 250 empleados.
La cifra habla por sí sola: de los 14.400 millones ya desbloqueados para el periodo 2025-2032, 4.500 millones salen del presupuesto de Industria y se reparten bajo el criterio de «impacto territorial». Traducción: cada euro invertido en un dron, satélite o robot de combate deberá dejar rédito fiscal y laboral en la comunidad autónoma que albergue la fábrica. Indra se ha llevado la primera tajada, pero el Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial (CEPI) vigilará que la cadena de subcontratas no se quede en Madrid ni en la península ibérica.
La trampa de los 'campeones nacionales' que robles quiere evitar
«No puede haber campeones nacionales si no arrastran al tejido pequeño», advirtió la ministra de Defensa ante los consejeros de las grandes armadoras. La frase suena a lección de economía industrial, pero es un toque de atención a la concentración que ha marcado los últimos lustros: Navantia, Airbus Defence y Indra acaparan contratos mientras cerca de 500 pymes siguen sobreviviendo a proyectiles de papel. El nuevo ecosistema IN+DEF promete «hackatones permanentes» y másteres para 600 ingenieros con un objetivo explícito: que en 2030 el 40 % de los componentes críticos de los PEM lleven sello de pyme española.
El reloj aprieta. En 2025 se han lanzado ya 34 PEM y faltan por desvelar otros 50 que elevarán la factura final hasta los 34.000 millones. El gobierno calcula que el plan generará 96.000 empleos directos, pero fuentes del sector hablan de una cifra conservadora si no se resuelven dos flancos: la falta de financiación para I+D de las pymes y la fuga de talento hacia el extranjero, donde los salarios duplican los 28.000 euros brutos anuales que cobra un ingeniero medio español.
El lado oculto: innovación que no admite retrasos
Bajo la alfombra del acto oficial se esconden proyectos que parecen ciencia ficción: enjambres de drones capaces de neutralizar sistemas antiáéreos, sensores satelitales que miden la humedad del suelo para predecir convoyes enemigos y submarinos no tripulados que patrullan el Estrecho con autonomía de 90 días. La condición: todos deben incorporar inteligencia artificial española y estar listos para exportar antes de 2032, cuando expire el actual marco europeo de defensa.
La clave no está en los ejes tecnológicos, sino en la gobernanza política. La comisión mixta Defensa-Industria se reunirá cada seis meses y presentará un informe ante el Congreso. Si algún programa se retrasa más del 15 % o se dispara su presupuesto, el ejecutivo deberá justificarlo públicamente. Es la primera vez que un gobierno español somete su industria de guerra a un control tan parecido al de las cuentas públicas.
La apuesta es enorme: si falla, España habrá gastado 34.000 millones en convertirse en un satélite más de la industria francesa o alemana. Si funciona, habrá blindado su soberanía tecnológica y habrá creado un tejido industrial capaz de sobrevivir a la próxima crisis, sea económica o bélica. El plazo: 4.380 días. La cuenta atrás empieza ya.