El estado y la iglesia sellan la cuenta pendiente con las víctimas de abusos
Este lunes a las 11:00, en la sede del Defensor del Pueblo, un papelito de tres páginas pondrá precio al silencio. Firmarán el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello; el jefe de los religiosos, Jesús Díaz Sariego, y Ángel Gabilondo. Entre los cuatro, cerrarán el primer sistema de reparación económica para las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia en España. La cifra habla por sí sola: nadie la ha desvelado.
El protocolo que llega 20 años tarde
La idea no es nueva. En 2022, la propia Conferencia Episcopal reconoció 1.036 casos de abusos desde 1940. La comisión independiente que presidió el jurista César García Magán habló de «una catástrofe institucional» y recomendó un fondo de indemnización. Dos años después, el Gobierno ha cedido a la presión de las víctimas y de Bruselas —que ya amenaza con abrir expediente por vulnerar la directiva europea de protección a menores—. El acuerdo obligará a la Iglesia a pagar, pero no a pedir perdón en nombre propio. Cada diócesis abrirá su caja y, paralelamente, el Estado blindará la partida para evitar que el dinero público termine rescatando a la institución. Es la cuña que faltaba: la Administración pone la cartera, la Iglesia pone la cara y el Vaticano, de momento, mira desde la lejanía de los protocolos internos.
La logística es tan sencilla como opaca. Las víctimas deberán acreditar la denuncia ante la comisión diocesana correspondiente —o ante un juzgado— y aceptar la cuantía que proponga una mesa técnica sin apelación. El silencio, en este caso, no se comprará: quien firme podrá seguir hablando. Pero hay un detalle: el expediente quedará bajo secreto de sumario para evitar la «instrumentalización mediática», según fuentes episcopales. Traducción: los nombres de los curas no aparecerán en los actos de la firma ni en los futuros informes anuales. La transparencia, aquí, se mide en euros, no en culpas.
El precedente inmediato es la ponencia de reparación abierta en Francia, donde la Iglesia gala desembolsó 55 millones para 7.000 víctimas. En España no hay estimación oficial, pero los expertos hablan de entre 3.000 y 5.000 casos potenciales. Hacer la media francesa —7.800 euros por víctima— situaría el coste total en torno a los 30 millones. El ministerio de la Presidencia asegura que «no hay techo presupuestario»; la Conferencia Episcopal, que «cada diócesis aportará según su capacidad». El tiempo dirá si eso incluye la venta de inmuebles o la tan traída y llevada «solidaridad entre hermanos».
La firma del lunes no cierra el círculo; solo lo empieza a dibujar. Quedan fuera las órdenes religiosas —que gestionan centenares de colegios— y la cuestión de las pensiones vitalicias para quienes perdieron la salud mental o laboral tras los abusos. Tampoco se toca el delito de omisión de denuncia que protege aún al clero. La reparación, pues, es parcial. Pero por primera vez un documento oficial pone la firma de la Administración y la cruz en la misma página. La deuda sigue viva; al menos, ya tiene vencimiento.