El fútbol argentino se hunde: procesan a tapia por evadir 19.300 millones
La Justicia le puso precio a la impunidad del fútbol argentino: 19.300 millones de pesos. El juez Diego Amarante procesó este domingo a Claudio Tapia y a toda la cúpula de la AFA por apropiarse de esos fondos que debían ir a la AFIP en concepto de impuestos y aportes patronales. La sentencia cae como una bomba en el centro de un poder que se creía intocable.
El día que tapia se quedó callado
El 12 de marzo, Tapia entró al tribunal con el paso firme de quien ha negociado con presidentes y CEO de multinacionales. Salió con el silencio de quien ya no tiene excusas. Negó los cargos, se escondió detrás de un escrito y se negó a responder preguntas. Su defensa asegura que la deuda ya está saldada, pero el juez no compró ese argumento: los dineros se evadieron entre 2024 y 2025, y el daño está consumado.
La maniobra era burda y eficaz. La AFA retenía los aportes de sus empleados —y también parte de los derechos TV— pero en lugar de depositarlos en la AFIP los desviaba a cuentas paralelas. Con ese dinero, según la denuncia, se pagaban viáticos, sueldos de dirigentes y obras faraónicas que nadie pidió. El Pablo Toviggino que hoy es tesorero es el mismo que en 2018 ya figuraba en los papeles de los Panama Papers: la Justicia lo señala como cerebro financiero del esquema.
El delito es claro: apropiación indebida agravada por ser cometida por una asociación. La pena puede llegar a los diez años de prisión. Pero hay un detalle que nadie cuenta en los pasillos de Viamonte: la AFA no es una empresa cualquiera. Es un Estado dentro del Estado. Controla el 70% de la pauta deportiva de la televisión argentina, maneja un presupuesto anual de 120 millones de dólares y tiene el visto bueno de la FIFA, que ya le perdonó otra deuda millonaria en 2020.
El mamut que naden quiere tocar
El procesamiento llega en el peor momento para el fútbol local. La Selección acaba de perder la final del Mundial de Clubes, los clubes están quebrados y la Liga Profesional atraviesa una guerra de egos que paraliza los derechos televisivos. Pero el escándalo Tapia tiene ribetes internacionales: tres sponsors europeos —uno alemán, uno español y uno qatarí— ya advirtieron que revisarán sus contratos si la AFA no presenta un plan de transparencia en 30 días.
La cifra habla por sí sola: 19.300 millones de pesos equivalen a construir 120 escuelas primarias o pagar un año de sueldos de 40.000 trabajadores industriales. En el país del fútbol, sin embargo, ese dinero se evaporó en viáticos, sobrefacturas y comisiones que nadie explica. El juez Amarante, especializado en delitos económicos, ordenó un embargo precautorio de 2.500 millones sobre bienes de los acusados. Es una gota, pero ya es algo.
Tapia se aferra al cargo. En su última declaración pública, antes del procesamiento, prometió «seguir trabajando por el fútbol argentino». Lo que no dijo es que ahora deberá hacerlo desde el banquillo de los imputados. La próxima audiencia es el 15 de abril. Entretanto, la pelota sigue rodando, pero el árbitro esta vez no es un hombre de negro: es un juez con toga que ya mostró la tarjeta roja. Y no hay VAR que lo revise.