El gobierno blinda el precio del transporte ante la guerra de gaza
El transporte por carretera se blinda contra la guerra. El Ministerio de Transportes ha sellado este lunes con los gremios de mercancías un escudo fiscal que eleva el peso del combustible en la tarifa del 30 al 40 % y elimina de tajo la posibilidad de que los clientes pacten fórmulas alternativas de revisión. La medida, que se oficializará en los próximos días en un Real Decreto-Ley, llega tras la última escalada de violencia en Oriente Medio y busca evitar la quiebra de una flota que ya arrastra pérdidas desde la invasión de Ucrania.
El gasóleo, sin impuestos ni bonificaciones en la ecuación
La clave está en la base de cálculo. Hasta ahora, las revisiones del precio del transporte se hacían sobre el gasóleo profesional con impuestos incluidos y después de deducir las ayudas estatales. A partir de ahora, la referencia será el valor neto, antes de impuestos y sin contemplar subvenciones. Traducción: la tarifa subirá cada vez que lo haga el crudo, sin colchones que la amortigüen.
El acuerdo también obliga a desglosar en cada factura el importe que se cobra por la variación del carburante, algo que muchas empresas hacían de forma opaca dentro del coste total. El espacio para la negociación privada se cierra: o se aplica la fórmula oficial o se incurre en infracción, con sanción económica incluida. El Ministerio ya trabaja en el tipo y cuantía de la multa.
La mesa sigue abierta mientras bruselas decide
Transportistas y Ejecutivo han pactado mantener una negociación permanente para desbloquear ayudas de Estado que requieren el visto bueno de la Comisión Europea. El sector pide 300 millones en compensación por los costes acumulados desde 2022; Hacienda solo ha desembolsado 125. El desfase, reconocen ambas partes, dependerá ahora de Bruselas y de la evolución del conflicto en gaza.
La flota española mueve el 85 % de la mercancía que circula por península. Si el precio del gasóleo profesional —ahora en 1,42 €/l— supera los 1,60 €, los márgenes se desploman. La última vez que eso ocurrió, en septiembre de 2022, el paro en el sector creció un 18 % en tres meses. El nuevo decreto quiere evitar la repetición de esa espiral, aunque lo hace cargando el peso sobre quien contrata el transporte: distribuidoras, fabricantes y, en última instancia, el consumidor.
La guerra de precios acaba de empezar. Y esta vez, el transportista lleva la artillería pesada.