El gobierno concede la regularización exprés a 27.525 migrantes tras la dana de valencia
El cajón de los trámites olvidados se abrió de golpe: 27.525 personas que dormían en la ilegalidad tras la dana de Valencia recibieron el 31 de diciembre de 2025 una tarjeta de residencia que nadie había pedido antes del diluvio.
La cifra habla por sí sola: 29.684 expedientes revisados en la provincia de Valencia y apenas 2.159 denegaciones. El Consejo de Ministros fijó en 25.000 el listón mínimo; la Administración lo sobrepasó sin hacer ruido, como quien cierra una herida a escondidas.
El detalle que nadie firma
La medida nació en febrero de 2024, bajo el eufemismo de “proteger ante situaciones de máxima vulnerabilidad”. Traducción: evitar que miles de trabajadores sin papeles, tras perder sus casas y sus empleos en la riada, cayeran en una irregularidad “sobrevenida”. El Gobierno no llamó a esto amnistía; prefirió el verbo “regularizar”, más higiénico.
Pero hay un detalle que el Ejecutivo omite en su respuesta parlamentaria: la mayoría de los beneficiados llevaban años en España, muchos con contratos en la huerta valenciana que nunca pudieron legalizar. La dana solo aceleró un expediente que, de otro modo, habría segudo en el cajón de la burocracia.
Valencia, laboratorio de la última hora
La provincia se convirtió en el laboratorio de una política migratoria exprés. Funcionarios de la delegación del Gobierno trabajaron fines de semana para cerrar los informes antes de que finalizara el año. La presión venía desde Moncloa: no podía haber titulares de personas sin techo y sin papeles en plena campaña de las autonómicas.
El resultado es un mapa de parados legales de la noche a la mañana: marroquíes que regentan bares en El Carmen, ecuatorianos que recolectan naranjas en Campanar, ucranianos que limpian hoteles en la Malvarrosa. Todos ahora aportan a la Seguridad Social; antes eran estadística del intrusismo.
La factura que llegará después
El PP ya amenaza con recurrir las resoluciones ante los tribunales; Vox habla de “llamada de fuego”. El Gobierno responde que la medida es “excepcional y temporal”, pero el expediente queda abierto: si otro temporal azota Canarias o Andalucía, la plantilla de 2025 servirá de precedente.
Mientras tanto, en Valencia los 27.525 nuevos residentes celebran la regularización con una paella que nadie les puede desalojar. El arroz se agota, pero la tarjeta TIE, esa, es ya incombustible.