El gobierno impone una nueva fórmula para el transporte: el combustible sube al 40% y el sector se agarra al desglose
Madrid cede ante la presión del transporte por carretera y reescribe las reglas del juego. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible blindará en el próximo Consejo de Ministros un real decreto-ley que eleva del 30 al 40 % el peso del combustible en la revisión de tarifas y obliga a desglosar en cada factura el ajuste por precio del gasóleo. Una victoria parcial del Comité Nacional del Transporte (CNTC) que, sin embargo, no logra frenar la sangría de márgenes.
La trampa del impuesto: por qué sube el combustible y baja el margen
La clave está en la letra pequeña. Hasta ahora, la fórmula de revisión se calculaba con el precio del gasóleo con impuestos incluidos. A partir de ahora, solo se considerará el valor antes de IEH e IVA. Resultado: la subida del 40 % es nominal, no real. El transportista cobrará más por el ajuste, pero seguirá pagando lo mismo en la bomba. "Es maquillaje de costes", resume un operador madrileño que factura 20 millones al año.
La medida llega tras dos semanas de reuniones maratonianas y una huelga que paralizó el 70 % del mercado nacional. El CNTC logró que se prohibiera incluir en los contratos cláusulas alternativas que blindaran topes al alza. Desaparece así la vieja red de seguridad que permitía a las grandes distribuidas fijar precios fijos por trimestre. Ahora, cualquier variación semanal del Brent se traducirá en una línea extra en la factura. El objetivo: trasladar el riesgo al cargador y descomprimir la tesorería de las pymes.
Pero hay una trampa más profunda. El decreto explicita que no se podrán computar las bonificaciones extraordinarias que el Ejecutivo aprobó el 20 de marzo. Esas ayudas —20 céntimos por litro— seguirán llegando, pero no servirán para suavizar la revisión de tarifas. Traducción: el Estado compensa al transportista por una parte, pero le impide usar ese dinero para competir en precio. Una forma sutil de trasladar la factura del conflicto al sector privado.
España activa la vía 'minimis' para saltar el techo de bruselas
El Gobierno ya ha notificado a la Comisión Europea un esquema de ayudas que supera el umbral 'minimis' de 300.000 euros por empresa. Bruselas estudia la petición bajo el paraguas de la crisis energética, pero exige contrapartidas: control de costes, transparencia en los desgloses y auditorías trimestrales. El CNTC aceptó el trato a cambio de un tipo sancionador que castigue a los cargadores que incumplan los nuevos contratos. La multa: hasta el 5 % del valor de la mercancía.
El decreto también incluye un capítulo oculto: la consolidación legal de las aclaraciones del 27 de marzo que equiparan hidrobiodiésel (HVO) y biodiésel al gasóleo convencional. La puerta se abre para que las refinerías mezclen más biocarburantes sin pérdida de incentivos. Ecologistas en acción ya hablan de "ecopostureo": más etiqueta verde, mismo CO₂.
El texto se publicará en los próximos días y entrará en vigor el 1 de mayo. Hasta entonces, las empresas tienen 72 horas para redactar anexos contractuales que blinden la subida. El reloj corre y la tensión vuelve a la carretera. Como dice un veterano en la A-2: "Nos han dado más cuerda para que nos ahorquemos con ella".