El gobierno indulta a los sindicalistas de la suiza tras nueve meses en la cárcel
El Consejo de Ministros blinda este martes el indulto de las cinco mujeres y un hombre que llevan desde julio cumpliendo condena por protestar contra un empresario pastelero de Gijón. La medida de gracia, adelantada por Infolibre y confirmada por fuentes del Ejecutivo, pone fin a un episodio que ha tenido a la clase política en jaque: ¿se puede criminalizar el sindicalismo cuando se reivindica un derecho laboral?
La cuenta atrás comenzó con una embarazada en la cuerda floja
Fue 2015. Una empleada de la pastelería La Suiza pidió la baja médica por riesgo de aborto. El dueño se negó a dejarla ausentarse. Su pareja intervino. El conflicto estalló. La trabajadora, tras dar a luz, no quiso volver. Contactó con la CNT. El empresario rechazó negociar. Entonces llegaron los piquetes, los cánticos y, finalmente, la denuncia por coacciones.
El Supremo cerró el círculo en junio de 2024: dos años por obstrucción a la justicia y año y medio por coacciones. Además, 150 000 euros de indemnización. El 10 de julio ingresaron en prisión. Ocho días después ya estaban en tercer grado, pero la marca penal seguía ahí.
¿Por qué ahora el indulto?
El informe que llega al Consejo de Ministros habla de “equidad, justicia y utilidad pública”. Traducción: la protesta, aunque desbordada, protegía un derecho fundamental. Los seis han pagado la indemnización, cuidan hijos menores, trabajan y colaboran en programas dentro y fuera de las cárceles. No hay riesgo de reincidencia porque, en realidad, el delito nunca fue robar; fue alzar la voz.
La presión ha sido constante. Podemos, ERC, EH Bildu y el BNG llevaron la petición al Congreso. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha pulsado el timón desde Trabajo. El Principado de Asturias ha aportado el aval político. La recogida de firmes ha superado los 80 000 apoyos.
La respuesta de Díaz en X resume el guion: “El sindicalismo no es un delito”. Quince palabras que han tardado nueve meses en convertirse en realidad.
El indulto, sin embargo, no borra la condena; solo la suspende. Si en tres años alguien de los seis comete un delito intencional, volverán a la cárcel. Es la daga de Damocles que suele colgar sobre cualquier medida de gracia.
Mientras tanto, la pastelería La Suiza permanece cerrada desde las movilizaciones. El escaparate de la calle San Ignacio, antes lleno de napolitanas, hoy atesora un cartel de “se alquila”. La empleada que dio origen al conflicto vive fuera de Asturias y evita declarar. El empresario, indemnizado, ha desaparecido del mapa comercial de Gijón.
Con el indulto, el Gobierno evita que el caso se convierta en icono de la judicialización del activismo obrero. Pero la pregunta late: si la protesta hubiera sido menos ruidosa, ¿habría alguien escuchado a una pastelera embarazada?
La respuesta, esta vez, llega por escrito: indulto concedido. El sindicalismo respira. Queda la cicatriz de una pelea que nadie parece dispuesto a olvidar.