El gobierno ordena capturar a alias calarcá pese a la tregua de diálogo
La orden está suspendida, pero el ministro de Defensa ya dio la consigna: alias Calarcá debe caer. Pedro Sánchez rompió el silencio esta semana y, en una entrevista que sonó como ultimátum, advirtió que la mesa de negociación no es escudo para seguir narcotraqueando.
La paz no es patente de corso
Lo que nadie cuenta es que la Fiscalía ya encontró en los computadores del jefe disidente un manual del crimen: rutas de coca, nombres de militares, pagos por seguridad. Sánchez lo sintetizó en una frase que retumbó en los estudios de Caracol Radio: “A Calarcá hay que capturarlo”. La Ley 2272 —la Paz Total— le permite al Gobierno sentarse a hablar, pero no le regala impunidad. Y ahí está el quid: la suspensión de la orden de captura solo aplica si no lo pillan en flagrancia. ¿Signa eso? Que un retén mal ubicado puede convertirse en la trampa perfecta.
El ministro dejó claro que la mesa puede romperse “si incumple”. Traducción: si el presidente decide que la evidencia es suficiente, el operativo puede llegar antes que la siguiente cita de paz. De momento, no hay cese al fuego con ningún grupo; el campo está abierto y la intelencia militar ya movió fichas hacia los corredores que une Guaviare con Vaupés.

El 15 % que se quedó con las armas
Sánchez desmenuzó la anatomía de la disidencia: el 85 % de exfarc colgó el uniforme; el resto, encabezado por Calarcá, se aferra al negocio de la coca y la minería ilegal. Ideología cero, ganancia bruta. La organización cobra peaje a los ilegales que extraen oro en el Caura y cobra “vacuna” a los campesinos que siembran coca en el Meta. La cadena de mando, según inteligencia militar, termina en las mesas de restaurantes de Bogotá donde se reparten lanchas y avionetas.
El caso del general Huertas —ese oficial que supuestamente pasaba información a la disidencia— sigue abierto. La Procuraduría lo reincorporó, pero la Fiscalía levantó otra carpeta. Sánchez prometió revisarla “a la mayor brevedad”. Mientras tanto, el Ejército hace inventario de oficiales cuyas cuentas no cuadran con el sueldo.
El reloj corre para Calarcá. La Fiscalía ya pidió reactivar la orden; la mesa exige un gesto de buena fe que no llega. Y en el despacho del ministro hay una carpeta verde que se abre cada noche: fotos satelitales, interceptos, informes de la DEA. El mensaje es implacable: la próxima foto puede ser la del operativo.