El gobierno recorta 90 mil desaparecidos de un plumazo y las madres estallan
México despierta con 133 mil sombras que ya no contarán en el libro blanco del Estado. El informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, publicado el viernes 27 de marzo, admite ese total, pero decide que solo 43 mil 128 siguen «vigentes». El resto —90 mil almas— pasan a engrosar la ficha técnica de un problema que, según la lógica oficial, ya no es problema.
La aritmética que borra a los muertos
El truco está en los márgenes: expedientes incompletos, cuerpos hallados sin nombre, denuncias que nunca existieron porque el miedo se llevó primero el papel. El gobierno de Claudia Sheinbaum argumenta que la diferencia son «casos cerrados» o «datos insuficientes», pero en la calle la ecuación huele a borrador. 93% de los delitos no se denuncian, recuerdan los colectivos, así que exigir carpeta para contar es como pedirle al mar un recibo por cada ahogado.
En Jalisco, Luz de Esperanza enciende su vela temprano. Héctor Flores, su portavoz, mece la voz entre la rabia y el cansancio: «No se trata de números, se trata de hijos. Mi compañera lleva once años buscando a su hermano; ahora le dicen que el caso ya no «vigente». ¿Cómo se le explica eso a una madre que sigue abriendo fosas con cucharas de cocina?».
El 96% que no fueron víctimas
El informe añade una perla: el 96% de los localizados «no fueron víctimas de delito». La frase flota como una burbuja de jabón en el aire de la impunidad. Nadie explica cómo se certifica la no-victimización de un cuerpo que aparece en una fosa clandestina con las manos atadas. Nadie detalla la metodología que convierte un secuestro en «trámite administrativo». Centro Prodh apunta directo: es la forma oficial de desactivar la bomba social sin desarmarla.
Mientras tanto, 46 mil expedientes reposan en la columna de «datos insuficientes». Traducción: la familia debe seguir la búsqueda sola, financiando viajes a basureros, pagando exhumaciones y sosteniendo la esperanza con changarros y rifas. El Estado firma la ausencia con tinta invisible.
El país que aprendió a desaparecer desaparecidos
En la fachada de Banorte, las caras de los ausentes resisten el viento. Pegadas con cinta canela, son el mural que el gobierno quiere convertir en póster de un evento deportivo. «Aquí no hay desapariciones forzadas», repiten los comunicados, como si cambiar la etiqueta borrara la herida. Pero el dato es terco: 99,9% de impunidad sigue siendo el sello de agua de cada acta.
La noche del informe, las madres no durmieron. Revison listas, cruzon nombres, lloron de nuevo por el que falta y por el que ya no aparecerá en ninguna estadística. En su mapa particular, el país sigue teniendo 133 mil agujeros que no cierran con cifras. La lucha, dicen, no es contra el olvido: es contra el algoritmo que lo fabrica.