El parlament se atrinchera: recurrirá la orden de ondear la rojigualda
La bandera española amenaza con flamear 365 días al año en el mastil del Parlament. La cúpula de la cámara catalana se resiste. Su Mesa estudiaba anoche un recurso de reposición contra la sentencia del TSJC que impone la enseña «de forma inmediata y permanente». El plazo se cierra el jueves. El reloj corre.
La batalla comenzó con una denuncia de impulso ciudadano
El colectivo ultraconservador presentó una petición cautelar que el tribunal ha acogido a medias. Reclamaba que la rojigualda ondee cada día, no solo en sesión de pleno, como hasta ahora. El TSJC ha dado la razón al 50 %: la bandera debe izarse ya y no retirarse. El Parlament, presidido por Josep Rull, considera que la normativa ya se cumplía y que la interpretación judicial vulnera el autogobierno.
En los pasillos del edificio del parque de la Ciutadella se respira desconcierto. «¿Qué sentido tiene forzar un símbolo que no representa a la mayoría de esta casa?», murmura un alto cargo. La respuesta formal llegará antes del jueves, después de un último cónclave entre juristas y portavoces. La opción preferida es la reposición; la alternativa, un recurso contencioso-administrativo que puede alargarse años.
Illa tendrá que explicar en el hemiciclo su derrota lingüística
Mientras la bandera disputa el cielo, otro frente se abre dentro del pleno. La Mesa ha admitido la petición de Junts para que Salvador Illa comparezca y defienda su decreto derribado. El TSJC anuló parte del régimen lingüístico escolar que impulsó el Gobierno y que blindaba el catalán como lengua vehicular. La Junta de Portavoces fijará la fecha exacta, pero la convocatoria ya es un torpedo en la línea de flotación del presidente.
La coincidencia de ambos frentes —símbolos y lengua— convierte la próxima sesión en un examen de fuego para Illa. Tendrá que justificar por qué su ejecutivo no blindó legalmente el decreto antes de que el rival judicial lo desmontara. Y lo hará con la enseña española ondeando sobre su cabeza, si el recurso no prospera.
El tablero está servido. En una mano, el derecho a decidir sobre los propios símbolos; en la otra, la obligación de acatar la ley. El Parlament apuesta por la resistencia. La próxima jugada define el pulso entre Cataluña y el Estado. El cronómetro marca 48 horas.