El revés judicial que convierte a una denunciante en posible condenada
Una joven de Zaragoza que denunció violación por sumisión química en Santander ahora se enfrenta a cuatro años de cárcel y una multa de 250.000 euros. La Audiencia de Cantabria acaba de abrir diligencias contra ella y contra el amigo que avaló su historia tras comprobar que todo fue un invento.
De supuesta víctima a investigada por denuncia falsa
El giro es tan brusco como demoledor. La misma causa que ella inició en junio de 2024 se ha vuelto contra sus propios protagonistas. El juzgado de instrucción número 3 de Santander ya advirtió a finales de año: no había ni rastro de droga en su organismo capaz de anular su voluntad, ni siquiera de los moretones que decía tener en las muñecas. Las cámaras del hotel Hilton mostraban a la pareja llegando a pie, riendo, recordando el número de habitación. Un comportamiento, según los forenses, «absolutamente normal».
El detalle que la hunde: los análisis clínicos que presentó al regresar a Zaragoza sí detectaron cocaína y benzodiacepinas, pero consumidas después de la noche que denunció. El Instituto de Medicina Legal de Cantabria lo dejó por escrito: «No se aprecia cuadro de sumisión química». La Fiscalía fue más allá y apuntó a un motivo: la chica acababa de ser despedida de la franquicia Tecnocasa para la que trabajaba. Su denuncia cayó como un meteorito en la convención nacional de la empresa.
El hombre que estuvo a punto de perderlo todo exige justicia
Mientras tanto, el compañero al que señaló lleva meses bajo terapia. Su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, ha presentado la querella más dura que recuerda la jurisprudencia local: cuatro años de prisión para ella, otros cuatro para el testigo que la respaldó y medio millón de euros entre ambos. «No se trata de dinero, se trata de devolverle su nombre», dicen en su entorno. El pasado 14 de junio él solo fue a una fiesta de trabajo. A las 48 horas ya figuraba en los titulares como presunto violador.
La Audiencia Provincial de Cantabria ha ordenado ahora una investigación paralela por un delito contra la Administración de Justicia. Traducción: mentir bajo juramento tiene precio. Y ese precio, en este caso, incluye posibles nuevas declaraciones, registros de teléfonos y hasta un careo entre la denunciante y el denunciado. La ironía es que será ella quien se siente en el banco de los acusados.
Antecedentes que pesan como lastre
Lo que nadie cuenta es que la misma joven ya fue condenada en 2023 por amenazar a su jefe con una denuncia falsa por agresión sexual. El tribunal de Zaragoza la encontró culpable de un delito leve de amenazas. El patrón se repite: despido, ira, acusación. La diferencia es que entonces el juez le impuso una multa y un curso de formación. Ahora la factura puede ser cárcel real.
El caso ha destapado un fenómeno que los juzgados de violencia sexual ven crecer: denuncias instrumentales que buscan resarcimiento laboral o venganza personal. El sindicato de forenses de Cantabria advierte que cada falso positivo «erosiona la credibilidad de las víctimas reales». La cifra habla por sí sola: en 2024 se archivaron en España 1.300 denuncias por falta de pruebas, 14 de ellas con petición de querella por falsedad.
El hombre exonerado ha vuelto a su puesto en la inmobiliaria, pero no firma contratos sin testigos. Dice que cada vez que cierra una puerta revisa el picaporte. Su historia acaba de ser incluida en el manual de formación de la Policía Nacional como ejemplo de investigación rigurosa. La moraleja: una mentira bien montada puede destruir una vida, pero la verdad, tarde o temprano, se cobra su propia factura.