El senado se atasca con la inquisición: 20 años de espera para el palacio de las reparadoras
El Senado español sigue bloqueado en su proyecto de ampliación de sus instalaciones, un asunto que se remonta a 2008 y que arrastra una pesada carga de crisis económicas y políticas. La promesa de transformar el antiguo convento de las Reparadoras, antaño sede de la Inquisición, en un moderno espacio para el debate legislativo, se ha convertido en un espejismo.
Un pasado oscuro, un presente diluido
La historia del edificio es peculiar. En enero de 2008, tras un largo y complejo proceso de negociación que involucró a Patrimonio del Estado, el Vaticano y el Ministerio de Hacienda, el Senado adquirió el convento, ubicado en una privilegiada ubicación junto a la plaza de la Marina Española. La compra, por un precio de 36 millones de euros, se produjo después de que las monjas, ya residentes en el edificio -que antes había sido imprenta y hotel-, fueran desalojadas. Originalmente, se planeaba iniciar las obras el año siguiente, con la intención de modernizar las despachos para senadores y personal, además de crear espacios para las comunidades autónomas.
Pero la burbuja inmobiliaria y, posteriormente, la pandemia de 2020, desvió la atención y los recursos del gobierno. La falta de estabilidad presupuestaria, un problema estructural, ha impedido la aprobación de los créditos necesarios para dar el visto bueno al proyecto. Un intento de acelerar el proceso en febrero de 2020, bajo la presidencia de Pilar Llop, se truncó, evidenciando la dificultad de superar los obstáculos burocráticos y políticos.
De la inquisición a la burocracia
El convento, originalmente construido en 1735 por Ventura Rodríguez como sede del Consejo de la Suprema Inquisición –un organismo que, a pesar de su declive, no fue abolido hasta bien entrado el siglo XIX–, conserva en sus muros el eco de una época sombría. El edificio, con su fachada de ladrillo rojo y piedra de cantería, se erigió como símbolo del poder inquisitorial, un bastión de la ortodoxia religiosa que supervisaba la conducta de la población. Tras la abolición de la Inquisición, pasó por diversas funciones: Ministerio de Fomento, hotel, imprenta, hasta convertirse en el lugar de residencia de las Reparadoras. La compra por parte del Senado representó un intento de recuperar un espacio histórico con una carga simbólica considerable.
La idea de conectar el edificio actual con una nueva estructura –ya se barajaron opciones como túneles o pasarelas elevadas– reflejaba la ambición de modernizar la institución y facilitar la presencia de las diferentes comunidades autónomas en la Cámara Alta. Sin embargo, las promesas de una ampliación que data de 2008 siguen sin materializarse. La inacción del Senado, en última instancia, convierte este proyecto en una oportunidad perdida para revitalizar un edificio histórico y, quizás, para darle un nuevo significado a la institución.