El supremo israelí recibe el primer golpe contra la ley que condena a muerte solo a palestinos
La Kneset acaba de cruzar una línea roja y cinco organizaciones israelíes han respondido con un recurso que huele a pólvora judicial. La ley que impone la pena capital a palestinos de Cisjordania por “asesinato terrorista” mientras blinda a los israelíes del mismo castigo ya está en el punto de mira del Tribunal Supremo. El recurso lo firman Adalah, PCATI, HaMoked, PHRI y Gisha, y lo presentan como “una ejecución con base explícitamente racista”.
El doble rasero que blinda a los colonos
El texto es un manual de apartheid legal. Para los palestinos, la sentencia de muerte es obligatoria salvo “excepciones no definidas”. Para los israelíes —incluidos los colonos ilegales— se añade un requisito que suena a burla: que el crimen sea “con la intención de negar la existencia del Estado”. Es decir, apuñalar a un civil palestino en Hebrón no entra; dispararle a un soldado en Ramala sí. Los tribunales militares, que juzgan a los palestinos, pasan a tener la libertad de un mando a distancia: la ley les quita la discreción y les ordena ejecutar.
El recurso destapa otra trampa: las condenas podrán dictarse por mayoría simple, sin unanimidad, y sin que la Fiscalía haya pedido la pena máxima. El plazo para apelar se reduce a 90 días y se restringen las visitas familiares y la asistencia letrada. Es la horca exprés.
La venganza como legislatura
Detrás de la norma hay un nombre: Orit Strook, diputada del ultraderechista Poder Judío. Su marido fue asesinado en un atentado y ella misma ha defendido la iniciativa como “justicia divina”. Las organizaciones recuerdan que los servicios de seguridad israelíes advirtieron en la comisión parlamentaria que la pena de muerte no disuade. Aportan un informe académico: 88 % de los criminólogos coinciden en que el castigo capital no reduce los homicidios. La ciencia no importa cuando el relato es otro.
El recurso también pone el foco en la ilegalidad territorial. La Kneset no tiene jurisdicción sobre Cisjordania, territorio ocupado bajo artículo 43 de las Convención de La Haya. Legislar allí es como si Rusia dictara leyes en Donetsk. La población protegida —los palestinos— queda sujeta a una norma que contradice el derecho internacional humanitario.
El Supremo israelí tiene ahora en sus manos una bomba de relojería: si avala la ley, Cisjordania pasará a tener dos clases de ciudadanos: los que pueden morir en la horca y los que ni siquiera la ven. Si la tumba, el Gobierno de Netanyahu tendrá que explicar por qué quiso convertir la venganza en política de Estado. La próxima ejecución, advierten los recurrentes, ya no será un acto de justicia: será un linchamiento con toga.