El tirador de san cristóbal tomaba ansiolíticos y ya se había cortado: la pieza que faltaba al puzle
El adolescente de 15 años que descargó una escopeta en el aula de Matemáticas de la escuela N° 40 “Mariano Moreno” llevaba meses bajo supervisión psiquiátrica y había ingresado al sistema de salud mental tras un episodio de autolesión. La información, que emergió este martes de los propios abogados de la familia, Néstor y Macarena Oroño, obliga a reescribir la cronología del horror: no hubo una “crisis súbita”, sino un deterioro visible que nadie terminó de leer.
La receta que no alcanzó
El padre del chico, separado desde hace cinco años y domiciliado en San Jaime de la Frontera (Entre Ríos), confirmó a la defensa que su hijo tomaba medicación “para la ansiedad” y asistía a consultas mensuales en el hospital local. El último control, según la versión que los letrados elevaron al juzgado de menores, data del 3 de mayo. La madre, empleada municipal en San Cristóbal, habría sido quien gestionaba el tratamiento. Entre ambos hay 520 km de rutas provinciales que, en los hechos, convirtieron al menor en paciente intermitente: la receta se renovaba, pero la contención se diluía.
La defensa insiste: el arma no era de la casa. Ni del padre ni de la madre. La escopeta calibre 16, marca Batavus, apareció por primera vez en la pericia balística sin número de serie visible y con el cañón recortado, un dato que los peritos consideran “clásico de tráfico rural”. ¿Dónde la consiguió? Oroño admite la laguna: “Lo desconocemos. No sabemos si la compró, se la prestaron o la encontró. Tampoco sabemos cuándo aprendió a usarla”.
El silencio de la escuela
El expediente, aún bajo secreto de sumario, revela que el adolescente faltó 38 días en el ciclo lectivo 2023 sin que se activara el protocolo de alerta temprana de la Dirección General de Escuelas. La directora de la escuela, Ana María Gómez, se negó a declarar públicamente, pero en su declaración judicial reconoció que “nunca llegó un informe psicológico” del colegio anterior. El chico se había mudado a San Cristóbal en 2022, tras el divorcio de sus padres. Su expediente académico muestra un descenso abrupto: promedio 8,4 en 2021; 5,9 en 2023. Nadie preguntó por qué.
La víctima mortal, Tomás Pérez, de 14 años, recibió el impacto a quemarropa en el tórax. Sus compañeros contaron que el tirador se había sentado en el último banco esa mañana “como siempre”, pero guardó la mochila debajo del pupitre en lugar de colgarla. A las 9:13 sacó la escopeta envuelta en una bolsa negra. El tiempo que tardó en apuntar y disparar fue de 4 segundos. Bastaron para que el aula se convirtiera en un campo de batalla.
La ley que no alcanza
La ley 22.278, vigente desde 1980, establece la inimputabilidad penal para menores de 16 años. Eso significa que el adolescente no irá a la cárcel, pero sí pasará entre cinco y diez años en un “centro de contención juvenil”, una suerte de internación psiquiátrica forzosa con aulas y talleres. La nueva Ley Penal Juvenil, sancionada en diciembre de 2023, bajaría la edad de responsabilidad a 15 años, pero no entrará en vigor hasta enero de 2025. El caso de San Cristóbal, por tanto, será el último que se juzgue bajo el régimen más laxo.
El fiscal Jorge Nessier ya adelantó que pedirá la internación “hasta los 25 años”, el máximo permitido. La defensa apelará. Mientras tanto, el chico permanece en el Centro de Menores de Santa Fe, en una celda sin barrotes, con televisión por cable y clases de educación física. Duerme con luz tenue porque, según el informe médico, “presenta ideación suicida secundaria”.
Lo que queda por contar
La comunidad de San Cristóbal reclama una respuesta que la legislación no contempla: ¿quién responde por el arma? ¿Y por la falla en la red de salud mental? El gobernador Maximiliano Pullaro prometió “una auditoría profunda” del sistema escolar, pero ya hay tres denuncias similares archivadas desde 2019. La madre del tirador, Silvina N., empleada de la municipalidad, pidió licencia por estrés postraumático. El padre, Carlos A., contratista rural, volvió a Entre Ríos sin dar declaraciones. La escopeta sigue sin dueño conocido.
En el patio de la escuela N° 40, los alumnos dejaron 9 mochilas colgadas de las rejas: una por cada disparo. La de Tomás, con un dibujo de Messi, sigue ahí. Nadie se atreve a retirarla. Es la única forma que encontraron de recordar que, en San Cristóbal, la tragedia no fue un accidente: fue la suma de ausencias que alguien decidió no ver.