El 'tranq' acecha: 40 fiscales exigen al congreso que frene la xilacina que ya devora 50 estados
La pólvora del fentanilo acaba de encontrar su catalizador perfecto: un sedante veterinario que deja úlceras necróticas, paraliza la respiración y multiplica el margen de los narcos. Cuarenta fiscales generales —demócratas y republicanos— han enviado este martes al Congreso una carta que respira desesperación: conviertan ya a la xilacina en sustancia controlada o el país se hunde en un pozo de muerte que ya huele a tejido podrido.
Lo que nadie cuenta: el veterinario barato que alarga la agonía
La xilacina no es un opiáceo; es un tranquilizante para caballos que cuesta centavos y que, mezclado con fentanilo, alarga el colapso respiratorio sin que el naloxone —antídoto de opioides— sirva de nada. El truco es brutal: el adicto cree que recibe su dosis habitual, pero su corazón se desacelera hasta detenerse mientras la piel le huele a carne muerta. La DEA ya ha detectado la molécula en los 50 estados; el Sistema de Notificación de Sobredosis la encontró en el 12,2 % de los casos de 2022, frente a un insignificante porcentaje en 2019.
El proyecto que los fiscales reclaman con urgencia nació en la oficina del republicano Chuck Grassley y la demócrata Catherine Cortez Masto. Su ley —la Ley para Combatir la Xilacina Ilícita— no prohíbe el fármaco en sí; solo lo encierra en la lista de sustancias controladas para que su venta quede bajo llave veterinaria y su tráfico se convierta en delito federal. La fórmula protege al ganado y apunta al narco: doble funcionalidad que, según la carta, ha reunido un apoyo bipartita «sin grietas».
La ironía duele: la misma sustancia que calma a un caballo de 500 kg desata en humanos una necrosis que obliga a amputar extremidades. Los servicios de emergencia de Filadelfia y San Francisco ya han publicado fotos que parecen salidas de una guerra química: brazos con agujeros negros, piernas que se deshacen en costras. La DEA advierte que el fentanilo era ya la amenaza más letal que EE.UU. había enfrentado; la xilacina lo ha vuelto «aún más letal». Repitan la frase: más letal que lo más letal.
Detrás de la petición hay una cuenta atrás que late en los números del CDC: más de 100.000 muertes por sobredosis al año, récord que no cede. Los fiscales firman la carta con la misma pluma que han usado para demandar a Purdue Pharma y a los distribuidores de opioides, pero ahora admiten que la batalla ha mutado. «La amenaza cambiante de los opioides nos exige ahora hacer frente a la amenaza que plantea la xilacina», escriben. Traducción: la crisis nunca terminó; solo cambió de careta.
El Congreso tiene sobre la mesa un proyecto que no espera. Si la ley se aprueba, poseer xilacina sin licencia veterinaria podría convertirse en un delito grave; si no, el «tranq» seguirá llegando por los puertos de entrada que ya huele a cuero quemado. La apuesta es simple: o se cierra el grifo o la próxima foto que circule por redes será la de una generación que se desangra con la piel colgando. La xilacina no da segundas oportunidades; solo da plazos que ya se cumplen.