El tsjc desmonta el decreto del catalán en las aulas y deja al govern sin argumentos
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tirado por la borda el armazón legal con el que el Govern blindaba el catalán como única lengua vehicular en la escuela. La resolución, que entra en vigor de forma provisional mientras el Supremo decide si confirma o tumba la sentencia, anula más de una veintena de artículos del polémico Decreto 91/2024, aprobado solo hace siete meses.
Qué queda en el aire tras la ejecución provisional
La suspensión afecta al corazón del texto: los preceptos que fijaban cuotas de uso del castellano, la redacción de los proyectos lingüísticos y los mecanismos de control que la Generalitat imponía a los centros. Desde este martes, los profesores ya no pueden ser sancionados por dar clase en castellano ni por repartir materiales en esa lengua. La Asamblea por una Escuela Bilingüe, que impulsó el recurso, ha enviado avisos a varios institutos exigiendo la revisión inmediata de sus programaciones.
La lista de artículos fulminados es demoledora: desaparecen los apartados que obligaban a usar el catalán como mínimo el 60 % del tiempo lectivo, se cae la exigencia de que la documentación interna del centro esté únicamente en catalán y se anula la potestad de la Administración para imponer sanciones por incumplir estos criterios. En la práctica, el decreto queda desangrado.
El govern se queda sin bastón jurídico
El Departament d’Educació ha callado por ahora. En privado, reconocen que la sentencia les deja sin margen para seguir presionando a los equipos directivos que resistían el monolingüismo. La conselleria había amagado con abrir expedientes a varios docentes de Terrassa y Manresa que habían aumentado las horas en castellano, pero esos expedientes quedan automáticamente en suspenso.
La jugada judicial obliga al Ejecutivo catalán a rehacer la normativa antes de que el Supremo falle en segunda instancia. El calendario apremia: el curso escolar termina en junio y muchos centros ya están diseñando sus proyectos lingüísticos para 2025-2026. Si el Supremo confirma la anulación, el Govern tendrá que negociar con la comunidad educativa una nueva fórmula que no vulnere la Constitución, algo que hasta ahora se negaba en redondo.
La sentencia no solo desarma al Govern; también le quita la excusa de siempre. Durante años, la Generalitat esgrimió la necesidad de «proteger» el catalán para justificar cuotas y sanciones. El TSJC demuestra que esa coartada no resiste el más mínimo análisis constitucional. El mensaje es claro: la immersión sí, la imposición no. Y los docentes, por primera vez en lustros, pueden respirar sin mirar la espalda.