Exhúmanos sin nombre: la fosa de jojutla vuelve a abrir la herida de morelos
Las palas entraron por tercera vez a la fosa 3 del panteón Pedro Amaro y sacaron un trozo de vértebra que nadie había anotado. A escasos metros, una técnica pisoteaba el montículo donde dormían los cuerros que aún no tienen dueño. Así arrancó la quinta intervención en la fosa clandestina que la Fiscalía de Morelos usó como basurero de personas entre 2014 y 2016.
Una vértebra fuera del mapa y la certeza de que algo falla
Edith Hernández Torres no necesitó lupa para verlo: el hueso flotaba en la criba que supuestamente ya había sido revisada. «Eso significa que la cadena de custodia se rompió antes de empezar», me dijo mientras señalaba la grieta que separa la promesa oficial del barro real. Su hermano Israel fue secuestrado en 2012; hasta hoy no saben si está entre los sacos de huesos que van saliendo.
El problema no es nuevo. El cementerio lleva siete años siendo minado por la misma administración que debía proteger a las víctimas. La diferencia esta vez es que Fernando Blumenkron, el fiscal estatal, se presentó en persona. Su presencia —una primicia— obligó al equipo forense a retirar las vallas que bloqueaban la visibilidad de las familias. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que los colectivos respiraran: al fin alguien con cara y nombre veía lo que venían denunciando desde 2017.
La fgr entra al juego del adn
Blumenkron llevó bajo el brazo dos compromisos: un plan integral de exhumación —que las familias llevan exigiendo desde hace cinco años— y la participación de la Fiscalía General de la República en la toma de muestras genéticas. El anuncio suena a victoria, pero Amalia Alejandra Hernández lo recibió con el ceño fruncido. «Mientras no sepamos la profundidad exacta de cada fosa, el ADN no sirve de nada», me advirtió. Su sobrino Oliver desapareció en 2015; el caso fue clave para destapar la crisis forense de Morelos.
El día terminó con 14 cuerpos extraídos y una pregunta sin respuesta: ¿cuántos más faltan si ni siquiera sabemos cuántos metieron? La cifra habla por sí sola: desde 2014, la fiscalía depositó cadáveres en fosas comunes sin informar a los jueces, sin notificar a las familias, sin registrar georreferencias. Ahora, cuando los huesos empiezan a hablar, el sistema forense se juega su última carta de credibilidad.
En el panteón ya no queda barda que esconder la vergüenza. Los montículos han sido nivelados, pero la memoria de los desaparecidos sigue sobresaliendo como esa vértebra que nadie supo explicar. La exhumación continúa esta semana. Y mientras las palas sigan encontrando silencio, Morelos seguirá siendo un estado donde la justicia se mide no por la cantidad de criminales detrás de las rejas, sino por la cantidad de nombres que logren devolverle al polvo.