First quantum reactiva parte de cobre panamá: ¿gestión ambiental o trampolín?
Toronto – La controversia en torno a la mina Cobre Panamá, clausurada tras una sentencia judicial que tumbó su contrato de concesión, resurge con una nueva arista: First Quantum Minerals (FQM) ha obtenido autorización para procesar el mineral extraído previamente a la suspensión. Un “programa de procesamiento” que, según la compañía, no implica una reapertura total, pero que plantea interrogantes sobre sus verdaderas intenciones.
El mineral acumulado, un riesgo ambiental y una oportunidad
La decisión del gobierno panameño permite a FQM retirar, procesar y exportar las 38 millones de toneladas de mineral ya extraído, con un potencial de recuperación de aproximadamente 70.000 toneladas de cobre. La empresa justifica esta medida como una forma de mitigar los riesgos ambientales asociados al prolongado almacenamiento del mineral en el lugar, especialmente el temido drenaje ácido de roca, un problema que podría tener consecuencias devastadoras para el ecosistema circundante. Tristan Pascall, CEO de FQM, ha calificado la autorización como “un paso importante en la gestión ambiental responsable”.
Pero la realidad es más compleja. Si bien la preocupación por el medio ambiente es legítima, la cifra de 1.000 empleos directos que se estima crearán – elevando la plantilla total a 3.000 personas – es innegablemente atractiva para una nación que aún se recupera de la pérdida de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos tras la clausura de la mina.
¿Una reactivación gradual o un intento de sortear la ley?
La empresa insiste en que este programa no supone una reapertura de la mina, ni nuevas perforaciones ni voladuras. Sin embargo, la reactivación de las cadenas de suministro, incluyendo las relaciones con proveedores panameños, y la preparación de las instalaciones existentes – trituradoras, cintas transportadoras y plantas de procesamiento – sugieren una preparación para algo más que un simple tratamiento de mineral almacenado. Las inspecciones revelan la necesidad de reparaciones menores, principalmente en los circuitos de flotación y el manejo de concentrados, lo que implica una inversión adicional.
La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato de concesión de la mina en noviembre de 2023, en respuesta a las mayores protestas públicas del país en décadas. La decisión judicial, impulsada por la oposición a la mina y sus potenciales impactos ambientales, dejó a miles de personas sin empleo y cuestionó la transparencia de las concesiones mineras en el país. La autorización actual, otorgada por el gobierno, podría ser interpretada como un intento de sortear esa decisión judicial, al permitir el procesamiento del mineral ya extraído bajo un marco legal diferente.
Lo que nadie cuenta es el impacto a largo plazo de esta autorización. ¿Se consolidará esta estrategia como un precedente para futuras concesiones mineras, flexibilizando las normas ambientales y socavando la voluntad popular? El futuro de la minería en Panamá, y la protección de su invaluable patrimonio natural, pende de un hilo.