Fiscal corrupto y montaje judicial: explosivo fallo en el caso massa
Un golpe demoledor a la confianza en la justicia argentina. El Juzgado Correccional N° 6 de San Isidro condenó a un ex fiscal, dos abogados y un testigo por orquestar una trama para desviar la investigación del asalto a la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini en 2013. Un caso que parecía cerrado, ahora se desvela como una operación judicial de proporciones alarmantes.
El robo que se convirtió en un laberinto de mentiras
Lo que comenzó como un robo violento en la propiedad de la familia Massa-Galmarini en Tigre, pronto reveló ser un presunto acto de amedrentamiento político. La policía allanó propiedades vinculadas a Alcides Gorgonio Díaz, un miembro de la división de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, incautando armas, dinero y objetos sustraídos. Díaz fue condenado a trece años de prisión, un veredicto que parecía zanjar el asunto. Pero la realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja.
Entre 2014 y 2015, se gestó un plan para favorecer a Díaz y, simultáneamente, desacreditar a las fuerzas de seguridad y a la fiscalía. Un plan meticulosamente urdido por el entonces fiscal Carlos Washington Palacios, los abogados Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, y el testigo César Emiliano Jaunarena.
Lo que nadie cuenta es cómo el propio fiscal Palacios desvió la investigación al recibir la denuncia de Jaunarena, quien había sido testigo de los allanamientos. En lugar de investigar las supuestas amenazas que denunciaba Jaunarena, Palacios maniobró para beneficiar a Díaz, el principal sospechoso del asalto.
El Tribunal comprobó la coordinación entre los implicados gracias al análisis de llamadas telefónicas, grabaciones y testimonios. Se reveló que Graciela Garate, esposa de Díaz, y el propio condenado mantenían contacto con Palacios, mientras que el comisario Gabriel Natiello relató cómo Palacios y Pérez Bodria le presionaron para modificar su declaración.
Declaraciones falsas, un relato fabricado
Los abogados Pérez Bodria y Español asesoraron a Jaunarena en la construcción de un relato falaz, instándolo a declarar falsamente ante la Fiscalía de Pilar y el tribunal oral. El testigo afirmó que se había secuestrado más dinero del que constaba en las actas y que una persona no identificada ingresó con un bolso al domicilio allanado. Ninguna de estas afirmaciones pudo ser verificada.
Las pruebas recolectadas demostraron, sin lugar a dudas, la falsedad de su testimonio. La trama se completó con la destitución de Palacios como fiscal, una decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
El juez Hernán Sergio Archelli dictó sentencia, imponiendo penas de seis años de prisión y doce de inhabilitación especial para Palacios; cinco años de cárcel y cinco de inhabilitación profesional para Pérez Bodria y Español; y cuatro años de prisión para Jaunarena. La justicia ponderó la gravedad institucional de los hechos, el uso del aparato judicial para fines ilícitos y la instrumentalización de una persona en situación de vulnerabilidad.
Malena Galmarini, esposa de Massa, celebró la sentencia en redes sociales: “Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS. La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin”. Pero este fallo no es solo una victoria individual, sino un recordatorio amargo de la fragilidad de las instituciones y la necesidad imperiosa de defender la integridad del sistema judicial. La sombra de la corrupción, una vez más, se alza sobre la política argentina.