Fujimori busca control estatal sin trabas: congreso en la cuerda floja
El Gobierno de Keiko Fujimori ha presentado una iniciativa al congreso que le otorgaría facultades legislativas sin precedentes, permitiéndole reestructurar la administración pública a su antojo durante los próximos 120 días.
Cambio radical: el estado bajo la mirada de fujimori
La propuesta, que incluye la posibilidad de fusionar, dividir o incluso eliminar organismos estatales, ha desatado un debate acalorado. El Ejecutivo argumenta que esta medida busca optimizar el aparato burocrático y eliminar la duplicidad de funciones, pero sus detractores temen un ataque frontal a instituciones clave como la Sunat, Indecopi o el Reniec.
El plan, parte de un paquete más amplio de facultades legislativas, contempla la modificación de los feriados nacionales, sugiriendo una racionalización del calendario laboral. Esta medida, que contrasta con las declaraciones previas de la mandataria sobre la preservación del calendario actual, ha generado una ola de críticas por parte de sectores que defienden el turismo interno.
¿Qué significa la reorganización del estado?
En términos simples, el Ejecutivo podría prescindir de la necesidad de aprobar leyes individuales para cada entidad que desee modificar. Esto implica la creación de nuevas instituciones, la fusión de organismos existentes, la redistribución de personal, recursos y competencias, todo ello con el objetivo de una “eficiencia” radical. El proyecto contempla la modificación del régimen laboral, incluyendo el fortalecimiento de la meritocracia en el acceso a cargos y puestos de confianza, así como incentivos económicos voluntarios para aquellos trabajadores que decidan abandonar la administración pública durante los procesos de reorganización – siempre y cuando no se traten de despidos por estabilidad laboral.
La iniciativa plantea un escenario de profundas transformaciones en el Estado peruano. La posibilidad de eliminar organismos como la Sunat, Indecopi o incluso el Serfor, genera preocupación entre los expertos en materia administrativa, quienes advierten sobre los posibles riesgos de pérdida de capacidad técnica y la interrupción de servicios públicos esenciales. El Ejecutivo, sin embargo, insiste en que estas modificaciones se realizarán garantizando el funcionamiento de los servicios básicos.
Un congreso en el punto de mira
La aprobación de esta iniciativa depende del apoyo del congreso, donde la mayoría de los partidos políticos se muestran cautelosos. La propuesta, que incluye facultades para proteger a las MYPEs, se enfrenta a la oposición de aquellos que temen un debilitamiento del Estado de derecho y un aumento del poder ejecutivo. La votación, que se prevé en los próximos días, se antoja como un momento clave en la política peruana.
El Gobierno busca así, a través de una remodelación profunda, optimizar la administración estatal, pero la estrategia -y sus posibles consecuencias- están ahora en manos del congreso. La búsqueda de un equilibrio entre eficiencia y control institucional será crucial para el futuro del país.”n},n