Gálvez blinda al ministerio público y los jueces ya temen por su independencia
La primera piedra la tiró Tomás Gálvez: una ley orgánica nueva para acabar con la “anarquía” de 45 años. La respuesta fue una andanada de jueces y fiscales que ven en la propuesta un guante blanco que esconde el puño del control político.
El proyecto que desata la tormenta
Gálvez asegura que su equipo de “especialistas” –algunos fiscales de carne y hueso– ya entregó el texto al Congreso. La idea central: sustituir el criterio individual del fiscal por protocolos rígidos y supervisados por fiscales supremos. Traducción: menos margen para investigar como cada quien entienda y más rendición de cuentas hacia arriba. El fiscal de la Nación lo resume en una frase que retumba: “No puede ser que un mismo caso tenga cinco destinos distintos según el fiscal de turno”.
Pero la Asociación Nacional de Magistrados no compra el discurso. Para ellos, la meritocracia, la inamovilidad y la especialización están en la línea de fuego. Alertan que si el ascenso o la permanencia en el cargo dependen de una “evaluación interna” sin reglas claras, el fiscal más incómodo podrá ser relegado con un simple memorando. La Constitución habla de inamovilidad; la ley de Gálvez, advierten, abre la puerta al traslado forzoso bajo pretextos administrativos.
La especialidad de familia desaparece y estallan los retrocesos
El artículo que más indigna a jueces y ONG es el que suprime la fiscalía especializada en familia. Argumento oficial: homogeneizar criterios y evitar la “fragmentación” interna. Argumento de la calle: desproteger a niños y mujeres en un país donde siete de cada diez denuncias por violencia familiar quedan archivadas. La asociación de magistrados recuerda que Perú asumió compromisos internacionales (Código de la Niñez, Convención de Belém do Pará) que exigen peritos en derechos de la niñez y perspectiva de género. Quitar la especialidad, dicen, es como enviar a un traumatólogo a operar corazones.
Gálvez responde que la formación se replicará en cursos y protocolos. La réplica llega desde los pasillos del Poder Judicial: “Un curso de 40 horas no sustituye años de experiencia en casos de alimentos o tutela”.
El reloj del congreso y el vendaval político
La Comisión de Constitución recibió el proyecto el 16 de marzo. Tiene hasta mayo para aprobarlo o enterrarlo, pero la mayoría parlamentaria busca rápido redito: quiere mostrar resultados antes de las elecciones regionales. El calendario aprieta y la sociedad civil empieza a despertar: colegios de abogados, observatorios de justicia y hasta la Defensoría del Pueblo preparan audientes para desmontar “el afán centralista”.
Mientras tanto, los fiscales de primera línea ya hacen cuentas: si la ley pasa, el fiscal que investiga a un alcalde por lavado de activos podrá ser trasladado de noche a una provincia lejana si no “ajusta” su criterio al manual oficial. La independencia, ese bien escaso en la periferia del Estado, se negocia ahora en un capítulo que nadie leyó completo.
La última palabra será del pleno. Si el texto se aprueba sin cambios, Perú sumará una institución más al pantheon de los órganos “autónomos” que responden a la jefatura. La ironía: la reforma que promete uniformar la justicia podría convertirse en el mayor salto hacia la politización del Ministerio Público. Y la cifra que nadie menciona: en los últimos diez años, solo el 3 % de los fiscales cesados logró reponerse en el cargo. El resto prefirió el silencio o el exilio.