Giovani dos santos, de la gloria al negocio: pemex bajo sospecha por contratos millonarios
Una investigación de Latinus desvela una conexión sorprendente entre el exfutbolista Giovani Dos Santos y Petróleos Mexicanos (Pemex), generando dudas sobre la transparencia en la asignación de contratos públicos.
Un socio inesperado y un contrato de 13.7 millones
El exjugador mexicano se convirtió en socio de Procura de México, una compañía con un objeto social cuestionable, en septiembre de 2023. A tan solo dos meses de esta incorporación, Dos Santos ya se manifestaba públicamente en redes sociales apoyando la candidatura de Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México. Este movimiento, lejos de ser casualidad, se enmarca en el contexto político de la contienda electoral.
El acuerdo con Pemex, formalizado en septiembre de 2024, implica un suministro de productos químicos por valor de 13.7 millones de dólares –equivalentes a 238 millones 107 mil 370 pesos mexicanos–. Un monto considerable que, según el portal investigativo, desafía las actividades centrales de Pemex: la comercialización de hidrocarburos y derivados químicos.
¿Un giro empresarial cuestionable?
Procura de México, fundada en 2005 en Tabasco y dedicada inicialmente a la venta de leche, artículos de limpieza y construcción de hoteles, se encuentra ahora involucrada en un negocio que parece ajeno a su giro original. La figura de Antonio Fatford Tool, socio de Dos Santos y anterior funcionario de la administración pública en Michoacán durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, añade una capa de complejidad a la trama.
La marca Tati, registrada por Dos Santos y Fatford Tool en agosto de 2023, se vincula directamente a este acuerdo con Pemex, y a la entrega de insumos como separadores de crudo y agua, resinas, retardantes de fuego y desinfectantes, programados entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Pero hay un detalle que no se puede ignorar: las conexiones de Dos Santos con figuras clave dentro de la política mexicana, incluyendo vínculos con David Alipimenna, exdirector de Cenagas –un organismo estratégico para el sector energético–, no dejan de generar interrogantes.
Hasta el momento, ni Pemex ni las autoridades federales han emitido una respuesta oficial a estas acusaciones. Sin embargo, el caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia en los criterios de asignación de contratos y en los vínculos entre figuras públicas, empresas privadas y el sector energético. La cifra habla por sí sola: un contrato millonario para una empresa con un objeto social que no lo justifica, en medio de un contexto político sensible y con conexiones que deben ser investigadas a fondo.