Guatemala arranca el blindaje a los 'intocables' de la presidencia
La Corte de Constitucionalidad acaba de descabalgar a cuatro secretarios presidenciales que se parapetaban tras un derecho de antejuicio que nunca les perteneció. El 27 de marzo, con la misma contundencia con que se tira el candado de un almacén clausurado, la sala mayor declaró inexistente la protección penal que desde 1997 amparaba a los jefes de Coordinación Ejecutiva, Comunicación Social, Planificación y Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia.
Una sentencia que desnuda la impunidad de oficina
El fallo fulmina los artículos 11, 12, 14 y 14 TER de la Ley del Organismo Ejecutivo. Ahí desaparece la frase mágica que convertía en intocables a los cuatro secretarios. A partir de ahora solo la Secretaría General y la Secretaría Privada conservan el escudo constitucional; el resto tendrán que responder ante un juez como cualquier ciudadano. Diego Sagastume, el abogado que impulsó la acción, resume la jugada: «Se acabó el chanchullo».
El origen del conflicto es un expediente más turbio que el río Villalobos en época de lluvias. En julio de 2024, Sagastume, Marcella Orr y Carlos López Polanco presentaron la demanda justo cuando el fiscalía perseguía al entonces secretario de Comunicación Santiago Palomo. El presidente de Bantrab, Jorge Mondal, lo había acusado de presionarle para abandonar el banco tras descubrirse que Mondal mintió en su currículo. Palomo, nombrado «comisionado contra la corrupción», saltó de la silla de Comunicación a la embajada ante El Vaticano en cuanto olía el fuego.
El 26 de noviembre ya temblaban
El aviso llegó cinco meses antes. El exdiputado Fernando Linares logró que la CC suspendiera provisionalmente los preceptos; ahora la sentencia los borra del mapa. Palomo y sus colegas ya no podrán evitar un proceso penal atravesando la puerta lateral del antejuicio. La corte les ha recordado que la Constitución no es un club de beneficios: solo blinda a quien la propia carta magna menciona.
El cambio es de manual de derecho constitucional, pero también de manual de supervivencia política. Con la inmunidad cae un sistema de cortapisas que permitía a los secretarios mover hilos sin temor a que les tocaran la puerta los investigadores. El mensaje es brutal: desde el viernes negro del 27 de marzo, la próxima vez que un juez quiera interrogar a uno de ellos no tendrá que pedir permiso a nadie.
Guatemala acaba de meter en la misma fila al poderoso de turno y al ciudadano común. Y, por una vez, la ley no hizo distingos.