Guatemala desata una reforma radical del poder judicial: un plan para desmantelar la corrupción
Poder Ciudadano Guatemala ha presentado una propuesta constitucional que busca transformar por completo el sistema de justicia, un movimiento que podría sacudir los cimientos del país y poner fin a décadas de impunidad.
El plan: más de 20 artículos y un proceso complejo para la transformación
La iniciativa, que exige al menos cinco mil firmas, el respaldo de 107 diputados y una consulta popular en 2027, implica la modificación de más de 20 artículos de la Constitución y el rediseño de la selección, permanencia y remoción de jueces y altos cargos. Un proyecto ambicioso que no escatima en detalles y que promete una reestructuración profunda.
El diagnóstico inicial apunta a fallas estructurales en el sistema de postulación de magistrados, señalando la vulnerabilidad de este mecanismo a la influencia política, económica e incluso ilícita. La propuesta elimina las actuales comisiones, instaurando un Consejo Permanente de Administración Judicial con siete miembros, cuya designación se realizará mediante sorteo público cada tres años, un intento audaz de neutralizar los intereses partidistas.
Nuevos mandatos, nuevas reglas: un control más férreo
La reforma también introduce modificaciones significativas en la duración de los mandatos judiciales. Se extiende la permanencia de los magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones a 12 años sin reelección, con renovaciones por tercios cada cuatro años. La Corte de Constitucionalidad verá ampliada su composición, pasando de cinco a 15 magistrados, también con renovaciones parciales, buscando una mayor diversidad y equilibrio.
Un cambio crucial es la eliminación de la potestad presidencial para destituir al Fiscal General “por causa justificada”. El cargo quedaría sometido a un régimen uniforme, regulado por el artículo 206 bis de la Constitución, un paso que la agrupación considera vital para proteger la independencia del Ministerio Público. La remoción de los altos cargos, incluyendo al Fiscal General y al Contralor, requerirá el voto de dos tercios del Congreso y la posibilidad de recurrir ante la Corte de Constitucionalidad.
El futuro en las urnas: una consulta popular urgente
Según el dirigente de Poder Ciudadano, Edgar Ortiz, la recolección de firmas comenzará el 4 de julio, con la expectativa de incluir la reforma en las elecciones de 2027. “El pueblo debe aprobar esta reforma en consulta popular”, enfatizó, subrayando la necesidad de una ratificación ciudadana para asegurar la legitimidad del proceso. Se trata de un esfuerzo titánico, pero la agrupación está decidida a llevar adelante su proyecto de reforma.
La propuesta, que ya puede consultarse en su sitio web, representa un desafío al status quo y una apuesta decidida por la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. Un proyecto que, si prospera, podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.