Gutiérrez desafía a petro: la guerra por hidroituango desata el caos energético
A las 6:12 de la mañana, cuando Medellín aún fregaba los restos del café, Irene Vélez anunció en Caracol Radio que Hidroituango va a juicio ambiental. A las 6:15, Federico Gutiérrez le contestó desde su celular: “Odian a Antioquia”. En tres minutos, la hidroeléctrica más grande del país pasó de ser la gallina de los huevos de oro a la gallina que puede dejar a Colombia a oscuras.
La frontera del agua: 1 centímetro basta para romper un país
La ministra acusó a la represa de inundar 600 hectáreas de vegetación por subirse un solo centímetro por encima del nivel autorizado: 409 sobre 408. Un dedo índice de agua que, según Vélez, ahogó árboles y fauna sin el trámite forestal que exige la ley. Gutiérrez responde que ese dedo es el que mantiene encendidas las neveras de 30 millones de colombianos. “Si no fuera por Hidroituango, ya estaríamos viendo velas”, escribió.
El dato habla por sí solo: el 17% de la electricidad nacional nace allí, bajo tierra de Antioquia, donde el río Cauca se dobla como un cinturón antes de desembocar en el Caribe. Cerrar la llave de esa presa es apagar un país que apenas si puede pagar la factura.
Corrupción, racionamiento y la sombra de urrá
Gutiérrez no habla solo de agua; habla de Petro, Ecopetrol y la noche. Asegura que la investigación es una vendetta política para castigar a EPM, la joya de 14 billones de pesos que heredó limpia, dice, “de las garras de los amigos de Petro”. Remata la frase con una foto de sí mismo en hard hat, como si el alcalde fuera el último guardián de una represa que enfrenta al Estado que la licenció.
Lo que nadie cuenta es que la ministra ya tiene sobre su escritorio otro expediente: el de la hidroeléctrica Urrá, en Córdoba, donde ella misma fue directora hace una década. Allí también hubo desbordes, también hubo muerte de peces y también hubo denuncias que nunca se cerraron. Ahora, desde el otro lado del mostrador, Vélez firba contra su propia sombra.
El proceso puede tardar 18 meses y la multa llegar a 5.000 salarios mínimos: cerca de 5.000 millones de pesos. Para una empresa que factura 2 billones al año, es un escupitajo. Pero la cicatriz es política. Gutiérrez lo sabe. Por eso pide que “termine la horrible noche”. Por eso habla de odio. Por eso, mientras el país discute centímetros, él ya piensa en votos.