Honduras da un salto a la trazabilidad con contratos directos para placas inteligentes
La impune escasez de placas metálicas que ha obligado a los hondureños a circular durante más de un año con un simple papel en el parabrisas ha tocado fondo. El Congreso Nacional aprobó ayer un decreto que autoriza al Instituto de la Propiedad a firmar contratos directos con fabricantes internacionales de placas inteligentes, lectores y software de seguridad, cerrando la puerta a intermediarios que durante tres años se beneficiaron de licitaciones opacas.
La medida, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, obliga a los proveedores a garantizar la interoperabilidad de sus sistemas con la Administración Aduanera, el Servicio de Administración de Rentas y la línea 911, lo que convierte cada placa en un nodo de datos en tiempo real contra el contrabando, la evasión fiscal y el robo de vehículos.
La cuenta pendiente: más de dos millones de unidades en circulación
El problema no es menor. El parque automotor hondureño supera los 2,3 millones de unidades y la última entrega masiva de placas definitivas se remonta a 2021. Desde entonces, las comisarías se llenaron de conductores multados por portar un permiso de papel que, en la práctica, nadie sabía si era auténtico o fotocopiado. La cifra habla por sí sola: la Policía Nacional estima que el 38 % de los autos controlados este año portaban placas falsificadas o vencidas.
El decreto, de 11 páginas, obliga al Instituto de la Propiedad a contratar 900.000 pares de placas inteligentes antes de junio de 2027, con cristal líquido, hologramas y un chip RFID que escupirá la información al paso de los lectores instalados en carreteras y puestos fronterizos. La cláusula anti-corrupción es tajante: si el fabricante incumple los estándares de seguridad, la multa alcanza el 150 % del contrato y la inhabilitación por diez años.
El papelito que nadie quería ya tiene fecha de caducidad
El permiso provisional de circulación —esa hoja cuartilla que muchos laminaban como si fuera un documento sagrado— dejará de tener valor legal en cuanto la nueva placa entre en vigor. El proceso arranca en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se concentran el 60 % de los vehículos, y se extenderá a los dieciocho departamentos en cascada. Los primeros lotes llegarán en contenedores con sello de aduana norteamericana; el Instituto promete entregar 30.000 unidades por semana.
Lo que nadie cuenta es que la misma resolución obliga a la Secretaría de Finanzas a encontrar los fondos sin tocar el techo de deuda. La fuente: un retazo del préstamo contingente con el Banco Centroamericano de Integración Económica y un reprogramación de partidas que antes alimentaban campañas políticas. El monto total: 62 millones de dólares, 18 menos de lo que se pagó en 2019 por un lote que nunca llegó.
La ironía del caso: los diputados que ayer aplaudieron la medida son los mismos que en 2022 bloquearon una auditoría que ya denunciaba el desfalco de 22 millones en la anterior compra. Ahora, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, la placa se ha convertido en moneda de cambio: quien entregue más rápido, suma puntos en la parrilla electoral.
El reloj corre contra el ciudadano. Si el plan se cumple, en diciembre de 2027 ningún policía tendrá que levantar la mano para detener un auto con papel celofan en la luneta. Y si falla, Honduras volverá a ser ese país donde el permiso de circulación se imprime en casa y la ley se dobla con una copia a color.