Hong kong desarticula la red que amañaba obras tras el incendio que mató a 168 vecinos
La ICAC y la Policía de Hong Kong han detenido a 42 personas por infiltrar a las tríadas en la renovación de edificios residenciales, apenas cuatro meses después del mortal incendio de Wang Fuk Court. El fuego del 26 de noviembre dejó 168 muertos y abrió una grieta en un sistema de licitaciones que, ahora se sabe, operaba como caja fuerte de la mafia.
Un contrato del 0,5 % que huele a soborno
La trama comenzó a desvelarse cuando la consultora Buildwise (nombre ficticio que circula en los tribunales) se adjudicó la asesoría de una macro-rehabilitación en los Nuevos Territorios por el 0,5 % del presupuesto total: 160 millones de dólares hongkoneses. El precio era tan ridículo que los vecinos denunciaron. La ICAC descubrió que la empresa pactó después con intermediarios ligados a las tríadas para inflar facturas y desviar millones a cuentas pantalla.
El modus operandi se repitió en 2022 en un edificio de la isla. Buildwise firmó por debajo de mercado; meses después el proyecto se encareció 20 millones y varios millones acabaron en sobres de papel de arroz. El 26 y 27 de marzo pasados los agentes arrestaron a su propietario, a un inspector registrado y a ocho supuestos capataces con antecedentes por extorsión y tráfico de drogas. En paralelo se llevaron a comisaría a 32 empleados de constructoras, subcontratistas y oficinas técnicas.

Del papel de arroz al amianto
La investigación cruza ahora dos frentes: el financiero y el criminal. Los peritos sostienen que en Wang Fuk Court se emplearon paneles de amianto en lugar de placas ignífugas. El ahorro fue de pocos miles; el coste, 168 vidas. El fuego se propagó por las canalizaciones de basura que las obras dejaron sin sellar. Los detectan la misma consultora y la misma constructora que aparecen en los expedientes de la ICAC.
En los barrios afectados la indignación es palpable. «Pagamos tasas especiales para que nuestras casas no se derrumben, y resulta que financiamos a la mafia», me dice Chan Lai-fong, presidenta de la asociación de vecinos de Wang Fuk. Lleva un mes durmiendo en un gimnasio convertido en albergue temporal y aún conserva la mascarilla negra que usó el día del incendio. «No me la quito hasta que alguien vaya a la cárcel de verdad», afirma.
El Gobierno de Hong Kong ha anunciado una auditoría forense a todas las licitaciones de mantenimiento firmadas desde 2020. La medida llega tarde para los supervivientes, pero puede salvar a los próximos. La ICAC no descarta nuevas detenciones. La cifra habla por sí sola: 42 arrestos son solo la primera capa de la cebolla.