Ice expulsa a presunto líder de ms-13: ¿fin de una táctica?
Salvador Enrique Hernández Solorzano, señalado como pieza clave en la estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13), ha sido deportado a El Salvador, poniendo fin a un intrincado juego de liberaciones y re-detenciones que ilustra las tensiones en la política migratoria estadounidense. La acción, ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reaviva el debate sobre la seguridad fronteriza y el tratamiento de inmigrantes con antecedentes penales.
Un viaje pendular a través de la burocracia
Hernández Solorzano, acusado de homicidio en su país de origen, ya había recibido una orden de deportación acelerada en 2023. Sin embargo, durante la administración Biden, fue liberado en territorio estadounidense, una medida que, según ICE, fue posteriormente revertida tras la conclusión de un proceso legal. La expulsión, confirmada recientemente, se enmarca en una línea declarada por la agencia: priorizar la seguridad nacional y el cumplimiento estricto de las leyes migratorias para individuos con antecedentes.
La postura del ICE no es nueva. Remite a memorandos de 2009, durante la administración Trump y bajo la dirección del entonces Secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, que establecían que “los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos”. Una declaración contundente que subraya la naturaleza selectiva de la aplicación de las leyes migratorias.
Operación escudo comunitario: una estrategia a largo plazo
Este caso se suma a una serie de operativos recientes centrados en presuntos miembros de estructuras criminales. Un ejemplo reciente es la deportación de Walter Alexander Cerón Linares, otro salvadoreño vinculado a la MS-13. Estas acciones forman parte de la Operación Escudo Comunitario, lanzada por ICE en 2005, una iniciativa a nivel internacional que busca desmantelar redes criminales transnacionales, incluyendo pandillas como la MS-13. Desde su inicio, la operación, con la colaboración de diversas agencias policiales, ha resultado en el arresto de cientos de presuntos pandilleros, con el objetivo declarado de “localizar, investigar, enjuiciar y, de ser necesario, eliminar de los vecindarios y del país a miembros de pandillas”.
La cifra habla por sí sola: entre febrero y marzo de 2006, durante un operativo nacional, se arrestaron a 375 presuntos pandilleros y cómplices, 64 de ellos identificados como miembros o colaboradores de la MS-13. La persistencia de esta estrategia, a pesar de los cambios políticos, revela una apuesta a largo plazo por combatir el crimen organizado transnacional. Pero, ¿es suficiente con la deportación para erradicar la influencia de estas bandas o simplemente se traslada el problema a otro territorio?