Iglesia y estado firman el acuerdo que las víctimas llevaban décadas exigiendo
España desbloquea mañana la primera vía institucional para reparar la violencia sexual cometida al amparo del crucifijo. A las 11:00, en la sede del Defensor del Pueblo, el ministro Félix Bolaños rubricará con el cardenal Luis Argüello un protocolo que obliga a la Iglesia católica a indemnizar económicamente a quienes fueron abusados por sacerdotes o religiosos. La firma cierra una negociación exprés —apenas dos meses— que comenzó tras la publicación del informe del Defensor, que documentó más de 1.000 casos desde 1940.
El dinero llega, pero el relato no se cierra
El texto no fija todavía cuánto pagará la Conferencia Episcopal por cada víctima. Fuentes del Ministerio de la Presidencia apuntan a un baremo que oscilará entre 45.000 y 300.000 euros, dependiendo de la gravedad y la duración del abuso. La cifra habla por sí sola: es equivalente a la indemnización media que la Iglica alemana abona desde 2010, pero apenas un tercio de la que fijó la comisión francesa en 2021. El acuerdo, además, deja abierta la puerta a que cada diócesis aporte su parte con cargo a sus propios bienes inmuebles, muchos de ellos exentos de impuestos.
Lo que nadie cuenta es que el protocolo incluye una cláusula de confidencialidad que blinda los nombres de los agresores. Las víctimas podrán contar su historia, pero no la identidad del párroco o el religioso que las atacó. La medida, justificada por la presión de los obispos para evitar «caza de brujas», ha encendido a las asociaciones. «Es una reparación a medias: nos pagan para que callemos», resume Miguel Hurtado, portavoz de la plataforma Robbed Childhood, que agrupa a 250 afectados.
Una firma que no termina la batalla judicial
El acuerdo no extingue las demandas civiles ni penales que ya siguen su curso. Hay al menos 312 causas abiertas en juzgados españoles y el protocolo admite que las indemnizaciones que se paguen mañana se descontarán de cualquier sentencia futura. Es decir: la Iglesia adelanta dinero para evitar que los tribunales le impongan cantidades mayores. Un seguro a prueba de vergüenza.
La jugada política es tan precisa como fría. El Gobierno necesitaba un gesto antes del 28 de abril, cuando el Congreso debatirá la creación de una comisión de investigación oficial. Con la firma de hoy, el Ejecutivo se adelanta y desactiva la presión de los partidos que pedían una auditoría externa. El cardenal Argüello, por su parte, evita que la quema llege al Vaticano en plena batalla por la reforma de la curia romana. Ambos ganan tiempo; las víctimas, un sobre.
Tras la rúbrica, el Defensor del Pueblo abrirá una oficina especializada que recibirá solicitudes durante seis meses. El reloj empieza a correr mañana. El plazo, sin embargo, no retroactiva: quienes denunciaron antes de 2021 deberán acreditar pericial psicológica y aportar testigos. La traba técnica dejará fuera a casi la mitad de los casos documentados. La Iglesia lo sabe, el Estado también. Y firman.