Israel aprueba la horca para palestinos y la oposición ya la tumba en el supremo
La Knéset acaba de votar a favor de colgar. A las 11:43 de este lunes, 62 diputados rubricaron la pena de muerte para «terroristas»; a las 12:05, la Asociación por los Derechos Civiles en israel (ACRI) ya tenía el recurso en la mesa del Tribunal Supremo. La ley ni siquiera ha entrado en vigor y ya huele a cadáver político.
Una horca con doble rasero
El texto es breve, pero su silencio es ensordecedor: los palestinos de Cisjordania serán ahorcados por mayoría simple en un tribunal militar; los israelíes, en cambio, necesitarán unanimidad y un alegato que demuestre su voluntad de «negar la existencia del Estado». Traducción: la soga solo tendrá color de piel.
ACRI desgrana la jugada en 47 páginas. Primera: la Knéset no puede legislar sobre territorio ocupado; la potencia ocupante lo hace por decreto militar, no por parlamento. Segunda: la norma anula la unanimidad, blinda la imposición de pena capital aunque la fiscalía no la pida y cierra la puerta a cualquier indulto una vez pasados 90 días. Tercera: viola la Ley Fundamental israelí, que garantiza vida, dignidad y proceso justo.
El precedente es letal. Desde 1967, israel ha aplicado su derecho penal a los colonos judíos de Cisjordania; ahora extiende su jurisdicción penal a la población protegida palestina. «No es solo una ley, es una anexión encubierta», advierte la abogada de ACRI, Sawsan Zaher. La lógica es implacable: si puedes colgar a un palestino bajo tu ley, Cisjordania ya es, de facto, tuya.
El champán de ben gvir
En la sala de votaciones, Itamar Ben Gvir —ministro de Seguridad Nacional y alma del partido Poder Judío— intentó destapar una botella de champán. Lo impidieron los ushers, pero el grito de «israel vive» de la diputada Limor Son Har-Melej ya se quedó grabado en la hemeroteca. Fue el mismo día en que el servicio de seguridad interna, el Shin Bet, reconocía en off the record que la pena capital no disuade a los atacantes suicidas. La ironía: mientras ellos brindan, ACRI ya prepara la sepultura judicial de la norma.
El Supremo tiene la balanza en la mano. Si la tumba, abrirá una herida con la ultraderecha; si la valida, israel se situará fuera del esquema de derecho interno y del derecho internacional. La próxima ejecución —si llega— no será un acto de justicia, sino la fotografía de un Estado que decidió colgar sus propias contradicciones.
La cifra habla por sí sola: 62 votos a favor, 48 en contra, cero garantías. Y un solo recurso que puede convertir a la horca en chatarra legislativa antes de que el primer juez militar lea la sentencia.