Israel aprueba pena de muerte para palestinos y las ong avisan: es la venganza como ley
La Kneset votó 62 a 48 para colgar del mismo nudo a los «terroristas» palestinos. La nueva norma entra por la puerta grande del derecho penal israelí y sale por la trampilla de la ocupación: solo los tribunales militares —que juzgan a los habitantes de Cisjordania— podrán dictar la horca sin apelación; los israelíes, incluso si cometen idéntico delito, conservan la garantía de cadena perpetua.
Una ley escrita con sangre, no con tinta
Las nueve organizaciones que firman la denuncia —B'Tselem, Médicos por los Derechos Humanos, Adalah— no hablan de «paso en falso». Hablan de «abismo moral». En su manifiesto, que circuló ayer por Jerusalén como una cuenta regresiva, advierten que la norma legitima la tortura para arrancar confesiones, borra el derecho a revisión de errores judiciales y convierte la venganza en política de Estado. La frase que más se repite en los móviles de los activistas: «Tiene a los palestinos por objetivo mientras exime a los israelíes».
El texto legal es breve y demoledor: define como «terrorismo con motivos racistas» cualquier atentado que ponga en riesgo «al Estado de israel o sus residentes». La trampa está en la geografía. Cisjordania no es israel para la comunidad internacional, pero sí lo es para la ley que hoy rige allí. Resultado: un palestino de Ramalá puede ser ahorcado por un soldado que, si comete el mismo crimen dentro de la Línea Verde, se salva de la soga.
La experiencia global —lo dicen los datos de Amnistía— demuestra que la pena capital no reduce la violencia. Pero aquí no se trata de disuadir. Se trata de escenificar poder. En la galería del parlamento, mientras se levantaban las manos de los 62 diputados, una madre palestina gritó: «¿Dónde dejan el juicio justo?». La respuesta fue un silencio de plomo: el micrófico le fue cortado antes de que terminara la frase.
israel se suma así a la lista corta de países que han ampliado la pena de muerte en pleno siglo XXI. La diferencia es que lo hace en territorio que la Corte Penal Internacional considera bajo ocupación. El derecho internacional humanitario prohíbe aplicar leyes penales propias en tierra ocupada. La Kneset lo ignora. El mundo protesta, pero el veto estadounidense en el Consejo de Seguridad convierte la protesta en eco.
En Ramalá, los abogados de Adalah ya preparan el primer recurso. Saben que la sentencia será inmediata: los tribunales militares aprueban el 99,7 % de los casos que llevan. La organización calcula que, de entrada, hay 54 palestinos en lista de espera cuyos procesos podrían convertirse en ejecuciones. La cifra habla por sí sola: más de la mitad tienen menos de 25 años y ninguno ha visto un abogado antes del interrogatorio.
La ley no entra en vigor mañana. Entra hoy. Los jueces militares ya recibieron la circular interna: «Considere la horca como pena principal». En las oficinas de B'Tselem, una investigadora revisa los archivos de 2023 y murmulla: «Antes al menos fingían buscar pruebas. Ahora firmarán la sentencia con la pistola sobre la mesa».
El último país que amplió la pena de muerte para aplacar el miedo fue Irán en 2022. La comunidad internancial lo condenó. Con israel ocurre lo mismo, pero con un matiz: el dinero de los impuestos europeos que compran los drones que vigilan los muros. Mientras tanto, la horca ya está ensamblada en una base cerca de Jenín. El nombre del primer condenado aún no se publica, pero el cadalso lleva ya su silueta.