Israel: pena de muerte para 'terroristas', una ley que divide y alarma
Jerusalén se alza como escenario de una controversia que podría redefinir el panorama legal y político israelí. Esta semana, el Parlamento, la Knésset, podría aprobar una ley que contempla la pena de muerte para aquellos calificados como 'terroristas', una medida que ha encendido las alarmas en organizaciones de derechos humanos y plantea serias dudas sobre su aplicación selectiva.
La aprobación inminente y la sombra de la discriminación
El proyecto de ley, impulsado por el partido Poder Judío del controvertido ministro Itamar Ben Gvir, ha transitado ya varias etapas parlamentarias. Su aprobación en primera lectura en noviembre de 2025 fue solo el comienzo de un proceso que culminaría, posiblemente, con una votación en el pleno de la Knésset, coincidiendo, curiosamente, con la aprobación in extremis del presupuesto general de 2026. La presión interna entre los socios del gobierno de Benjamín Netanyahu añade una capa adicional de complejidad a esta situación.
Pero la verdadera preocupación radica en la forma en que se aplicaría esta ley. Miriam Azem, abogada coordinadora del centro legal palestino Adalah, advierte sobre una disparidad flagrante: mientras que para los palestinos en Cisjordania, sometidos a la ley militar israelí, la pena de muerte sería prácticamente obligatoria en caso de acusación de terrorismo, para los ciudadanos israelíes, incluyendo a los colonos, se requeriría una condición adicional: que el asesinato persiga la negación de la existencia del Estado de Israel. Un artificio legal que, según Azem, “hace imposible que se imponga a ciudadanos judíos israelíes”.
Tribunales militares y juicios sin garantías
La diferencia es abismal. Para los palestinos juzgados por tribunales militares, la ley plantea una situación de extrema vulnerabilidad, con pocas garantías de un juicio justo. La definición misma de 'terrorista' es elástica, abarcando desde ataques contra soldados y colonos hasta atentados en territorio israelí. Esta ambigüedad abre la puerta a interpretaciones sesgadas y a la criminalización de la resistencia palestina.
La abogada Azem no se corta al calificar la ley de “imposible que se imponga a ciudadanos judíos israelíes”, acusándola de ser abiertamente racista y de ir en contra de la tendencia internacional hacia la abolición de la pena de muerte. Expertos de la ONU han denunciado las “definiciones vagas y excesivamente amplias” de los delitos terroristas que se incluyen en el proyecto, alertando del riesgo de que se criminalicen conductas que no lo son.
Un contexto de tensiones y violencia
Esta ley se presenta en un contexto ya de por sí tenso, marcado por la ocupación israelí de Cisjordania y los continuos enfrentamientos entre palestinos e israelíes. La aprobación de esta medida podría exacerbar aún más la violencia y generar un clima de impunidad para los actos criminales cometidos contra los palestinos.
El Secretario General del Consejo de Europa, Alain Berset, ha instado al gobierno israelí a retirar la ley, calificándola de “inaceptable” y advirtiendo de que “la pena de muerte no tiene cabida en la justicia moderna”. La presión internacional aumenta, pero el futuro de esta controvertida ley sigue siendo incierto. La votación, si finalmente tiene lugar, se espera para el lunes, pero la incertidumbre reina hasta el último momento.
Lo que sí es innegable es que esta ley representa un retroceso en el respeto a los derechos humanos y un desafío al derecho internacional, abriendo una puerta a la discriminación y la arbitrariedad en la administración de la justicia en Israel y los territorios ocupados.