Judicial desata tormenta en el pp: escoltas policiales, el nuevo foco de la crisis
La apertura del juicio oral contra Begoña Gómez ha sacudido al Partido Popular, no por la acusación en sí, sino por un inesperado giro judicial que ha desdibujado el escenario político original. La decisión del juez Juan Carlos Peinado, que vincula a los propios agentes de la Policía Nacional a posibles irregularidades, ha transformado una batalla por la credibilidad de la esposa de Pedro Sánchez en un conflicto de dimensiones mucho mayores.
El auto que cambió el juego
El auto judicial, lejos de centrarse en los presuntos delitos imputados a Gómez, se centra en un argumento contundente: el riesgo de fuga y la posible complicidad de los escoltas policiales en cualquier intento de evadirse. Peinado señala, con un rotundo mensaje, que estos agentes podrían facilitar una huida, ya sea por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de sus superiores.
Esta afirmación, que inicialmente se percibió como un detalle menor, ha detonado una reacción inmediata dentro de la Policía Nacional y entre los sindicatos profesionales, quienes interpretan las palabras del juez como un ataque directo a la integridad y profesionalidad de los agentes. La tensión es palpable, y el PP se enfrenta ahora a un dilema incómodo: defender al Estado de Derecho o proteger a sus hombres.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, no ha dudado en amplificar la confrontación, calificando al Gobierno de “guarida de delincuentes” y al Ejecutivo de “organización criminal”. La estrategia de Génova, que durante más de un año ha convertido el caso de Begoña Gómez en un eje central de su ofensiva contra Sánchez, ahora se ve desafiada por este nuevo elemento. La imagen de un partido que defiende la legalidad y la transparencia se ve amenazada por un debate que se extiende a la propia institución policial.
Cuca Gamarra, encargada de comunicar la posición oficial del partido, ha optado por un enfoque cauteloso. Califica de “lógica” la reacción de los policías, respaldando su profesionalidad y destacando su papel en la protección de los ciudadanos. Sin embargo, se muestra evasiva ante la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial tome medidas contra el juez Peinado. Gamarra reivindica el respeto a la separación de poderes, rechazando cualquier intento de interferencia política. El PP, en definitiva, se distancia de la confrontación directa con el magistrado, buscando mantener la apariencia de un partido que defiende el Estado de Derecho.
Pero la estrategia de Génova va más allá de la defensa de los agentes. El PP insiste en que la apertura del juicio oral tiene una relevancia política que trasciende la decisión final de los tribunales. La resolución judicial, según la dirigente popular, “avanza todavía más” en una causa que investiga cuatro presuntos delitos y que, a pesar de la posibilidad de que no concluya en condena, tiene consecuencias políticas de gran alcance. La utilización que se ha hecho de la posición de Begoña Gómez, como esposa del presidente del Gobierno, es el verdadero foco de la batalla, y el PP no cede en su acusación de que La Moncloa se ha convertido en un “centro de tráfico de influencias”. La cifra del caso, por ahora, es incierta, pero la tormenta política, sin duda, acaba de comenzar.