Jupol denuncia ‘facilitación de fuga’ de begoña gómez: un choque entre la policía y la judicatura
El sindicato policial Jupol ha lanzado una dura crítica al juez Juan Carlos Peinado, acusándolo de sugerir, implícitamente, que agentes de la Policía Nacional podrían colaborar en una hipotética fuga de la esposa del presidente del Gobierno, begoña gómez. La denuncia, cargada de indignación, pone de manifiesto una creciente tensión entre la institución policial y el brazo judicial.
Una acusación explosiva: ¿colaboración en fuga?
En un comunicado oficial, Jupol se muestra “indignado” por lo que califica de “barbaridad” de insinuar que agentes, especialmente aquellos que conforman la seguridad presidencial, podrían facilitar una posible evasión judicial. La afirmación, según el sindicato, desmerece el profesionalismo y la integridad de los cuerpos de seguridad, poniendo en tela de juicio su compromiso con el estado de derecho.
La acusación se remonta a unas declaraciones del juez Peinado en el marco del ‘caso Begoña Gómez’, donde se señala que los agentes podrían, incluso por iniciativa propia o siguiendo órdenes jerárquicas, contribuir a una fuga que impida su comparecencia ante la justicia. Un escenario que, para Jupol, es “inaceptable” y carente de fundamento.
Pero la situación no se limita a una simple crítica sindical. El juez Peinado ya había impuesto medidas cautelares, incluyendo la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y una comparecencia quincenal en el juzgado. Estas acciones, según el comunicado de Jupol, son “un injustificado descrédito” hacia los profesionales de la policía, quienes, según afirman, siempre han actuado “con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales”.
La defensa de la profesionalidad policial
Jupol recalca que su función primordial es la protección de las autoridades a las que les han sido asignadas, operando siempre con el máximo rigor y respeto por la ley. La organización denuncia que la acusación implica una “sospecha injusta” sobre servidores públicos cuya trayectoria se caracteriza por el cumplimiento de sus deberes y el respeto a las instituciones. Se argumenta que la confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de aquellos que día a día desempeñan su labor en beneficio de la ciudadanía. Es una defensa contundente, sin lugar a dudas, ante lo que consideran un ataque injustificado.
La situación, lejos de ser un mero incidente, revela una dinámica compleja en torno al ‘caso Begoña Gómez’. Y, sobre todo, una clara intención de Jupol por proteger la imagen y la credibilidad de sus miembros, que perciben como víctimas de una acusación infundada y potencialmente perjudicial.