Kast entierra la regularización de 182.000 migrantes y levanta un muro en el desierto
A cinco días de jurar el cargo, José Antonio Kast apareció en el desierto de Arica con botas de seguridad y una retroexcavadora de fondo. No era un spot de campaña: era la firma en vivo de su primera guerra, la contra los que cruzan la línea sin papeles. Mientras la máquina abría una zanja de dos metros de profundidad, en Santiago el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, sellaba la tumba del plan de Boric: 182.000 personas que ya se habían empadronado para regularizar su situación se quedaron colgadas de la noche a la mañana.
El argumento del 3,3 % que lo cambió todo
La cifra que esgrimió Sauerbaum suena a truco de mago: 6.000 de esos 182.000 ya habrían cometido un delito. El 3,3 % bastó para declarar inviable todo el proceso. No hubo corte judicial ni análisis de antecedentes: un simple comunicado bastó para convertir la esperanza de miles en papel mojado. En la práctica, Chile acaba de inventar el veto migratorio por estadística.
La medida golpea sobre todo a venezolanos. Según el último informe del Departamento de Extranjería, 337.000 indocumentados viven hoy en el país; el 72 % llegó huyendo de la crisis caribeña. Freymar Márquez, cocinera de 30 años que se empadronó en 2025, resume el sentimiento: «Si niegan la regularización a quienes ya dieron sus huellas, ¿qué nos queda a los que ni siquiera pudimos anotarnos?».
90 Días para cerrar el norte
Kast dio el ultimátum mientras revisaba planos de la futura barrera: 90 días para levantar 230 km de vallado en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. El diseño incluye triple cerco, zanja antitanque, sensores sísmicos y 18 torres de vigilancia con terminales térmicas. El costo lo pagará el recién creado Fondo de Seguridad Fronteriza, alimentado con el 5 % del presupuesto anual de Obras Públicas.
El modelo no es original: copia el muro que Santiago ya levantó en 2021 en la frontera con Bolivia, solo que ahora suma drones armados y patrullas mixtas de Carabineros y Ejército. El general Hernán Gajardo, jefe de la II Zona Militar, adelantó a Radio Bío-Bío que se triplicará el personal: de 1.200 a 3.600 efectivos en los próximos tres meses.
Delito de llegar: el proyecto que se viene
El lunes Kast anunciará al Congreso dos proyectos de ley que ya tienen redactores trabajando en Palacio. El primero tipifica como delito penitenciario ayudar a ingresar a un indocumentado: multas de 500 a 1.000 UTM y hasta cinco años de cárcel para quienes transporten, alojen o faciliten guías a migrantes sin visa. El segundo convierte la entrada irregular en un delito formal, con penas de 541 días a tres años de cárcel y expulsión inmediata.
La ironía es servida: Chile fue el país que en 2018 promovió el Pacto de Marrakech y que hasta 2023 alardeaba de su ley de migraciones «inclusiva». Ahora prepara la expulsión exprés sin juicio previo. El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Leonardo Soto, advierte que ambas iniciativas chocarán de frente con la Constitución: «El artículo 19 inciso 2 garantiza el debido proceso. No puedes deportar sin audiencia ni abogado defensor».
Mientras tanto, en el cruce de Chacalluta, familias enteras regresan a pie desde Perú con mochilas de cartón y ojos rojos. Intentaron salir antes de que cerraran el paso, pero el nuevo control biométrico los devolvió. La frontera, que durante años fue un simple hito de cemento, se convierte en línea de fuego. Y el desierto de Arica, testigo de tantos desplazados, vuelve a oler a pólvora y miedo.