Kast saca las uñas en los colegios: detectores, leyes y la frase que inquieta
La escuela ya no es un refugio. José Antonio Kast lo sabe y esta vez no apela a la retórica: anuncia detectores de metales, reformas legales y registros policiales que hasta ayer sonaban a ciencia-ficción en los pasillos de Chile.
El detonante fue doble. El viernes, Hernán Meneses —18 años, diagnóstico psiquiátrico, perfil de Youtube anclado en la oscuridad— degolló a una inspectora en Calama e hirió a tres alumnos. El lunes, mientras Kast hablaba con directores en Santiago, otro adolescente de 15 entró con una pistola en la cintura a un liceo de Curicó. No disparó; bastó para que el país se tambaleara otra vez.
La frase que nadie pidió
“Se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas”, advirtió el Presidente. Traducción: controles de bolsos, inspectores con walkies conectados a Carabineros, quizá uniformados dentro del aula. El Congreso recibirá el proyecto antes de Semana Santa; los reglamentos ministeriales se apretarán esta misma semana.
Lo que nadie cuenta es que los docentes ya avisaban. El gremio de Calama llevaba seis meses denunciando que Meneses llevaba cuchillo al colegio. La respuesta oficial fue un protocolo de convivencia que quedó en papel mojado. El muchacho continuó con su tratamiento ambulatorio, sus antidepresivos y su diario de masacre sin nombres.
La cifra habla por sí sola: en 2024 Chile registró 14 ataques o amenazas con armas en establecimientos educacionales, récord desde 2010. La mitad de los agresores tenían entre 14 y 17 años. El 70 % usaron armas blancas; el resto, pistolas de sus propios padres.
El manual del nuevo aula
Kast no mencionó el carné de conducir de la violencia: la hiperconectividad sin filtros, los foros de odio en Discord, la narrativa de la “venganza” que TikTok viraliza en 15 segundos. Tampoco habló del suicidio adolescente, que creció un 30 % en tres años. Apuesta todo a la contención física: detectores, cámaras, perros especializados.
El ministro Marco Antonio Ávila ya adelantó el primer cambio: desde abril todo colegio que reciba subsidio estatal deberá firmar un convenio de seguridad con la policía. Incumplirlo significa perder la subvención. La medida alcanza a 9.200 establecimientos, el 78 % del sistema.
Pero hay un detalle incómodo: la Constitución chilena prohíbe la presencia militarizada en espacios educativos. El Tribunal Constitucional ya frenó en 2019 un intento similar de Sebastián Piñera. Kast apuesta a que el clima ha cambiado. La derecha parlamentari le asegura los votos; la centroizquierda, aún aturdida, negocia salvaguardas.
En los pasillos de Calama, mientras tanto, las clases se reanudan el miércoles con media docencia presente. Los alumnos pasarán por un arco detector de metales instalado en la entrada principal. La primera prueba será la funeral de María Teresa Álvarez, la inspectora asesinada, a la que asistirá todo el gabinete. Será la foto del año escolar más duro de la democracia chilena.
El mensaje es brutal: la escuela ya no es un derecho, es una zona de riesgo. Y el Estado, por primera vez, admite que no sabe qué hay detrás de la mirada vacía de un adolescente armado. Solo le queda registrar el bolso.