La embajada venezolana en washington despierta tras seis años de abandono
Las rejas oxidadas del número 1099 de 30th Street NW acaban de exhalar. El edificio Art déco que albergó la ambición petrolera de Venezuela en Washington —y que en 2019 se convirtió en fortaleza de activistas y, después, en escombrera— recibirá en semanas su primera plancha de mármol nueva, su primera taza de café diplomático, su primer sello consular desde que el Departamento de Estado lo cerró a cal y canto. El despertar no es un favor: es la contrapartida de un mes de tira y afloja que empezó cuando Donald Trump firmó la orden de captura contra Nicolás Maduro y que ahora, con Trump de vuelta en la Casa Blanca, se traduce en una licencia del Tesoro que permite pagar luz, agua y hasta papel higiénico en la sede diplomática.
La llave que abre dos edificios y un pasado
Félix Plasencia, ex canciller y hombre de confianza de Delcy Rodríguez, aterrizó el viernes en Georgetown con Oliver Blanco, viceministro para Europa y América del Norte, para constatar lo que el vídeo publicado en X apenas insinuaba: el interior de la embajada huele a humedad y a pintura agrietada; la residencia del embajador, un pastel de ladrillo y vitrales de 1939, acumula tres años de polvo y una factura de 78.000 dólares en impuestos municipales atrasados. La primera tarea será desenterrar el archivo consular: 35.000 pasaportes vencidos que los guaidóstas dejaron en cajas de cartón y que ahora son la llave para reconectar a la diáspora venezolana con su país sin pasar por terceros consulados que cobraban comisiones de hasta 800 dólares por trámite.
La licencia de 24 de marzo no es generosidad. El Tesoro autoriza pagos por bienes y servicios, sí, pero también obliga a Caracas a rendir cuentas mensuales: cada transferencia quedará registrada en el sistema SWIFT bajo el código VEN-2025-ESCROW, una referencia que el Departamento de Estado cruzará con la lista de sancionados. Es decir, la embajada podrá contratar a una empresa de limpieza, pero no podrá contratar a cualquier empresa. Y menos si sus accionistas figuran en el OFAC.
Georgetown contra guaidó: la batalla que nadie fotografió
Lo que el vídeo de Plasencia no muestra es el sótano que los activistas de Code Pink ocuparon durante 37 días en la primavera de 2019. Allí aún queda un mural de Juan Guaidó pintado con aerosol y una colección de latas de sardinas que los ocupantes usaban como ceniceros. Cuando el Departamento de Estado desalojó la casa, no encontró documentos diplomáticos: encontró 14 colchones, una cafetera rota y el acta de defunción del llamado “gobierno interino”, firmada por la propia administración Biden en diciembre de 2022. Desde entonces, la llave del edificio descansó en una caja fuerte del Bureau of Diplomatic Security, custodiada por un agente que, según confesó a este diario, “nunca imaginé que volvería a entregarla a un chavista”.
La reapertura de la embajada no es un gesto simbólico: es la antesala de la negociación con el FMI, el Banco Mundial y el BID. Sin sede en Washington, Venezuela no puede ni siquiera presentar la documentación que exige el Artículo IV del Fondo. Con sede, podrá solicitar el acceso a 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro que llevan congelados desde 2018. El problema, reconoce un alto cargo del Banco Mundial bajo anonimato, es que “el país debe primero pagar 400 millones en cuotas atrasadas”. La factura, insisto, huele a humedad.
La diáspora, mientras tanto, ya marca la agenda. El sábado, 200 venezolanos formaron fila frente al edificio para dejar un sobre con su número de pasaporte y un post-it amarillo: “Quiero votar en 2026”. La próxima semana, Plasencia recibirá a la coalición de abogados que demandó al Tesoro en 2020 por confiscar el dinero de los consulados. La reunión, confirma su equipo, será en la misma sala donde Guaidó posó con la bandera tricolor hace seis años. La diferencia: esta vez la bandera será la original, tejida en seda y con siete estrellas, no la de cinco que colgaban los opositores.
Washington ya no habla de “dictadura” ni de “presidente encargado”. Habla de “gestión de riesgo” y de “flujo migratorio”. El lunes, mientras Plasencia supervisaba la instalación de un nuevo sistema de vigilancia, la embajadora Laura Dogu reabrió la sede estadounidense en Caracas. La primera tramitación: un visado de trabajo para una enfermera venezolana que emigrará a Florida el mes próximo. El círculo se cierra: el país que sanciona es también el país que recibe. Y la embajada que fue fortaleza, ahora es simplemente una oficina que debe pagar la luz antes del 15 de abril si quiere evitar otro apagón diplomático. La factura, repito, asciende a 78.000 dólares. La historia, en cambio, no tiene precio.