La fiscalía desmantela una falsa red de veedores que chantajeaba alcaldes del césar
El dispositivo era tan sencillo como demoledor: una supuesta asociación de veeduría ciudadana citaba a alcaldes y gerentes de municipios del César, les mostraba carpetas con presuntas pruebas de corrupción y, antes de despedirse, les dejaba una factura que oscilaba entre 10 y 300 millones de pesos. A cambio, la denuncia nunca llegaría a la Fiscalía. La operación funcionó durante cuatro meses hasta que la misma entidad que debían simular terminará por desarticularla.
La Fiscalía General de la Nación presentó este jueves ante un juez de control de garantías a Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López, señalados como cabeza de una estructura que se camuflaba tras el lenguaje de la transparencia para extorsionar a servidores públicos. Según el ente investigador, los tres crearon una red de veeduría ficticia que convocaba a funcionarios a reuniones privadas. Allí, la coartada ciudadana se convertía en chantaje: o pagaban o aparecían en los medios por corrupción.
El modus operandi: falsos informes y amenazas veladas
López Rojas aparece en las interceptaciones como el ideólogo del grupo. Toncel García era el intermediario que citaba a las víctimas en hoteles de Valledupar y Aguachica. López, por su parte, recibía el dinero en efectivo y lo entregaba en sobres cerrados. La cadena se rompió cuando el alcalde de Becerril y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico denunciaron el intento de extorsión ante la línea única del Gaula.
Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, el grupo habría contactado a una decena de alcaldes. A algunos les ofrecían “retirar” denuncias ya presentadas; a otros, directamente les advertían que si no cooperaban aparecerían en un “informe de contraloría social” que ya tenían redactado. La Fiscalía asegura tener grabaciones en las que se escucha a López Rojas decir: “Nosotros no pedimos plata, solo pedimos que se haga justicia. Pero la justicia también tiene un costo”.
Penas que pueden superar los 40 años de cárcel
A los tres hombres les imputaron concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada. El Código Penal colombiano contempla para estos delitos penas que, sumadas, pueden superar los 40 años de prisión. Además, la ley les niega beneficios como libertad condicional o suspensión de ejecutoria. El juez decretó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.
El caso revela una grieta peligrosa: la facilitación legal de la veeduría ciudadana —mechanismo clave para la rendición de cuentas— convertida en arma de doble filo. Ahora la Fiscalía investiga si hay más víctimas que no denunciaron por temor a represalias o a la exposición pública. La lección es brutal: cuando la transparencia se mercadea, el precio lo pagan todos.