La gasolina roza ya los 24 pesos y el acuerdo con sheinbaum se desmorona
México despierta cada mañana con el mismo latigazo: 23.69 pesos por litro de Magna, 27.94 por Premium y 28.76 por diésel. Son los precios oficiales del 30 de marzo, pero en la calle la factura ya supera los 24 pesos en nueve estados. El pacto sellado en enero por la presidenta Claudia Sheinbaum y los empresarios gasoleros —que la Magna no rebasara esa barrera— agoniza antes de cumplir el trimestre.
El margen que se comió el acuerdo
En Tijuana el litro se vende hasta en 25.42 pesos. En Campeche, 25.10. La frontera y la península ya no solo baten récords: muestran la brecha entre el discurso oficial y la libre playa del mercado. Lo que nadie cuenta es que el margen de utilidad que las marcas pueden agregar —fijado por la extinta CRE— se licuó frente al tipo de cambio que se dispara y al petróleo que no cede. El dólar cerró ayer en 19.84 pesos; el crudo Brent se mantiene por encima de 78 dólares. La suma es implacable: cada centavo adicional en el billete verde o en el barril se traslada directo al surtidor.
La Comisión Nacional de Energía —nacida en marzo para sustituir a la CRE— tiene el mandato de regular precios y sancionar, pero aún no ha impuesto una sola multa. Tampoco ha publicado el listado diario de estaciones que incumplen el acuerdo. En su portal solo aparece un aviso: “en proceso de actualización”. Mientras tanto, Profeco recibe entre 800 y 1 200 quejas diarias por gasolina cara, el doble que en febrero.

El negocio de la logística que nadie controla
El 42 % del costo final se lo llevan el flete y el almacenamiento. Los ductos de Pemex operan al 67 % de su capacidad desde que cerraron el ducto Tula-Salamanca tras los ataques del crimen. Eso obliga a transportar combustible en pipas desde Tuxpan o Minatitlán hasta el Bajío o la frontera. Cada kilómetro añade entre 3 y 5 centavos al litro. Lo que nadie firma es que esos sobrecostos no están regulados: la CNE puede fijar el precio de salida de refinería, pero pierde el control apenas el producto sale por la puerta de Pemex.
El resultado: en Chihuahua o Sonora el litro cuesta 2.30 pesos más que en México ciudad aunque la refinería está más cerca. La geografía se volvió un agravio tributario.
La gasolina se convirtió en el termómetro de la inflación que Banxico no logra doblegar. El último dato oficial coloca la inflación subyacente en 4.12 %, pero el componente transporte ya roza 8 %. Cada alza en el surtidor empuja el precio del tomate, del pan y del pasaje urbano. El consumidor paga el litro dos veces: una en la bomba y otra en la canasta.
El miércoles, la secretaria de Energía, Luz Elena González, prometió “ajustes en la política de precios” sin dar detalles. La frase huele a antiguo: en los 18 meses previos ya hubo cuatro “ajustes” que solo subieron la cuota. El gobierno tiene en el cajón un decreto para establecer un precio tope dinámico, atado al valor del crudo y al tipo de cambio, pero teme que las gasoleras respondan desabasteciendo el interior del país. La historia se repite: el miedo a la escasez le gana al afán de controlar la bomba.
Mientras tanto, los conductores ya hacen sus propias cuentas. Un automóvil promedio necesita 45 litros para llenarse. A 23.69 pesos son 1 066 pesos; a 25.42 —el precio que ya se cobra en Tijuana— la cuenta asciende a 1 144 pesos. La diferencia, 78 pesos, es el costo de un kilo de tortillas o dos pasajes del metro. La frase de siempre vuelve a la taquería: “lo que sube, nunca baja”. Esta vez lleva la firma de la CNE y la letra chica de un acuerdo que se incumple antes de que la tinta se seque.
