La iglesia abre la caja de compensaciones para víctimas de abusos prescritos
Madrid firma este lunes un protocolo que obliga a la Iglesia católica a pagar por los crímenes que la justicia ya no puede castigar. El 15 de abril arranca un mecanismo de reparación para quienes sufrieron abusos sexuales en parroquias, colegios o seminarios y cuyos casos han prescrito o el agresor ha muerto.
El acuerdo lo rubrican el Gobierno, la Conferencia Episcopal, la Confederación de Religiosos y el Defensor del Pueblo. La novedad: la Iglesia asume la factura y el Defensor fija la cuantía. El dinero, sin embargo, no aparece por ninguna parte. «Es una propuesta integral sin cifras ni horquillas», aclaró el presidente de la CEE, Luis Argüello, mientras guardaba el bolígrafo.
Cómo funciona la nueva vía de reparación
La víctima presenta su solicitud en una unidad del Ministerio de Justicia. De ahí el expediente salta a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, donde psicólogos, juristas y trabajadores sociales valoran el daño y proponen una indemnización. La propuesta puede ser simbólica —una carta de disculpa, un acto público— o económica. La Iglesia puede rechazarla, pero el Defensor tiene la última palabra.
El dinero, cuando llegue, llegará libre de impuestos. Hacienda ha aceptado eximir del IRPF las compensaciones, consciente de que muchas víctimas han gastado fortunas en terapias y juicios que nunca culminaron.
Un sistema temporal que no cierra heridas
El protocolo dura doce meses, prorrogable otros doce. Solo vale para causas que no tengan «recorrido judicial». Es decir, para la mayoría. La Iglesia insiste en que no existe «obligación jurídica», solo «compromiso moral». Las víctimas llevan décadas pidiendo justicia; ahora se les ofrece un plazo y un silencio sobre cantidades.
Desde febrero, la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral (PRIVA) ha recibido 13 solicitudes. Todavía no ha resuelto ninguna. El nuevo mecanismo podría multiplicar los casos, pero nadie garantiza rapidez.
La firma del protocolo se celebra en la sede del Defensor del Pueblo, a metros del Congreso. Mientras los curas y los políticos posan para la foto, las víctimas esperan fuera. Llevan años esperando. Ahora tienen un formulario y una promesa. El plazo empieza a correr el 15 de abril. La cuenta, sin fecha.