La iglesia firma un acuerdo sin precio fijo para reparar a víctimas de abusos
La firma del protocolo este lunes entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Defensora del Pueblo deja a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia ante una hoja en blanco: ninguna cifra mínima, ningún tope máximo. Solo la promesa de que, a partir del 15 de abril, podrán solicitar una «reparación integral» que se decidirá caso por caso.
El acuerdo que no atreve a poner números
Luis Argüello, presidente de la CEE y arzobispo de Valladolloid, lo dejó claro en la rueda de prensa: «No se trata de establecer cantidades ni horquillas». La frase suena a compasión, pero es también una válvula de escape: sin baremos, la negociación queda en manos de un equipo técnico y la voluntad —o presión— de turno. El ministerio de Félix Bolaños respalda la fórmula: «Cada historia será estudiada en detalle», repitió, como si la gravedad del daño pudiera medirse con cinta métrica moral.
Detrás del discurso de la personalización hay un mecanismo que blinda a la institución. El convenio fija criterios —gravedad, reiteración, duración— pero evita cantidades. La última palabra la tendrá la Defensora del Pueblo y la Iglesia abonará lo que se le mande, pero nadie garantiza que el importe supere los acuerdos previos del plan privado PRIVA, que ya dejó a muchas víctimas con indemnidades que rondaron los 15 000 €. Ahora podrán pedir una revisión, sin certeza de mejora.
La tabla de salvación, eso sí, incluye atención psicológica y reconocimiento público. El problema: los tiempos no se tocan. El expediente medio de los abusos religiosos en España supera la década de retraso. Los testigos se mueren, los documentos desaparecen y los curas implicados siguen cobrando de la nómina diocesana mientras la víctima rellona formularios.
El protocolo nace al calor del informe de 2021 que cifra en 1 013 los casos de abusos cometidos por clerigos desde 1940. La cifra habla por sí sola: mil trece denuncias, cero condenas firmes en la vía civil. Con esta firma, la cúpula eclesiástica compra tiempo y la Administración se ahorra un conflicto político en plena negociación de los Presupuestos. Las víctimas, la misma foto de siempre: un número a la espera de que alguien ponga precio a su dolor.
El 15 de abril se abre la ventanilla. Habrá que ver cuántas personas están dispuestas a revivir la pesadilla ante un comité que, jurídicamente, no puede obligar a la Iglesia a pagar ni un euro más de lo que le apetezca. Mientras tanto, los seminarios siguen llenos y los expedientes, en su mayoría, bajo llave en los archivos diocesanos. La reparación, anuncian, será «integral». Lo que no dicen es cuándo ni cuánto.