La pesadilla de san cristóbal: un adolescente de 15 años dispara en la escuela y desata el pánico
Un chico de 15 años se sienta en un pasillo de la escuela N°40 de San Cristóbal, Santa Fe. Tiene delante una escopeta de su abuelo. Aprieta el gatillo. Ian Cabrera, 13 años, cae muerto. Ocho compañeros sangran. Afuera, la estampida arrastra a cientos de alumnos que corren sin mirar atrás. El empleado de la escuela lo reduce. En la foto familiar de hace cuatro años, el mismo niño sonreía.
La historia que nadie quiso leer
El arma era legal, pero la historia no. El padre se fue a Entre Ríos hace dos años, supuestamente por un consumo que la familia niega. La madre, maestra de nivel inicial, está de baja psiquiátrica. La hermana mayor, 18 años, empieza la facultad. En la casa quedan silencios y deudas. Los vecinos repiten: «El pibe era callado, no jodía». Un padre de otro alumno aporta el dato que nadie quiso escuchar: una semana antes, el adolescente advirtió que los «iba a matar a todos». Lo dijo en voz alta, en el aula. Se rieron.
La fiscal Carina Gerbaldo tiene una causa que huele a pólvora y a fracaso escolar. La ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años se firmó, pero aún no rige. El tirador quedará en un instituto de menores mientras se escribe el informe psicológico que explique lo que ya sabemos: fue víctima de bullying constante. En X circula un video: otro alumno le patea la silla, él agacha la cabeza. El centro de estudiantes de la escuela N°40 no tenía protocolo de acoso. Tampoco hay psicólogo asignado a tiempo completo. El presupuesto educativo de Santa Fe se achicó un 12 % este año.
La víctima que no era blanco
Ian Cabrera no era el acosador. La policía cruza testimonios: ni siquiera compartían curso. El disparo fue a mansalva, como en Uvalde, como en Columbine. La diferencia es el tamaño del pueblo: San Cristóbal tiene 15 mil habitantes y una estación de tren que casi no para. El forense extrae tres perdigones del cuerpo de Ian. Los otros ocho heridos llevarán cicatrices y juicios civiles. El gobernador Maximiliano Pullaro prometió «medidas inmediatas»: revisión de armas legales y un «plan de convivencia» que llegará cuando las flores del velo se hayan marchitado.
Entre 2024 y 2025, la División de Investigaciones de Amenazas a la Seguridad Escolar (DUIA) allanó a nueve menores que prometían masacres en Telegram y Discord tras alertas del FBI. En octubre pasado, una chica de 14 años disparó en una escuela de Mendoza: no mató, pero dejó un manchón de pólvora en el aula de música. La ministra de Educación nacional, Mercedes Jara Trápani, habla de «caso aislado». La cifra habla por sí sola: desde 2021, la policía detectó 21 amenazas de tiroteo escolar en Argentina; 17 surgieron en el interior profundo, donde la grieta es la ausencia.
El arma está peritada: un escopeta 12/70 sin seguro. El abuelo la usaba para cazar palomas. El muchacho aprendió a cargarla viendo YouTube. En el móvil incautado hay búsquedas: «cómo hacer que duela», «cómo hacer que paren». También una carpeta con memes de League of Legends y fotos de cumpleaños con torta de Chiqui Mouse. La contraseña del celular era el nombre de su perro: Luke. El perro sigue en la casa, esperando que alguien abra la puerta.
La fiscal Gerbaldo tiene 60 días para resolver si lo imputa por homicidio calificado o lo deriva a un Instituto de Menores. Mientras tanto, la escuela N°40 permanece cerrada. Los docentes piden licencia colectiva. Los alumnos dibujan cadenas y las cuelgan en la verja: «No más balas». En el pueblo ya se venden candados para las puertas de las aulas. El próximo lunes, cuando suene el timbre, en algún otro colegio del interior habrá un chico con el bolsillo lleno de perdigones y la cabeza llena de silencio. La Argentina sigue creyendo que la infancia es un lugar seguro. Ian Cabrera ya no puede creer nada.